El intento del Gobierno de Javier Milei de reformar la Ley de Tierras, la norma sancionada en 2011 que limita la compra de suelo argentino por parte de extranjeros, terminó en una derrota política. Una movilización impulsada por sectores nacionalistas y el kirchenrismo logró frenar en el Congreso una iniciativa que buscaba eliminar trabas absurdas a la inversión y modernizar el vínculo del país con el capital internacional.

La ley 26.737 nació en un contexto muy distinto al actual: el boom de precios agrícolas impulsado por la demanda china disparó el temor a una supuesta ‘extranjerización’ del campo argentino. Quince años después, los propios especialistas coinciden en que ese peligro fue exagerado. Nunca hubo una avalancha de compradores foráneos, pero sí quedó una ley mal diseñada, que pone topes arbitrarios sin distinguir la calidad de los proyectos productivos ni su impacto real en el desarrollo regional.

Un miedo viejo que el kirchnerismo supo reciclar

El proyecto oficialista apuntaba a algo simple: sacar de encima una traba ideológica que espanta inversiones sin resolver ningún problema concreto. Sin embargo, la oposición peronista y las usinas nacionalistas volvieron a agitar el fantasma de la ‘venta de la patria’, un discurso que ya sonaba anacrónico hace una década y que hoy resulta directamente contradictorio con la necesidad urgente de atraer capitales para el campo, la minería y la energía.

La paradoja es evidente: mientras la gestión de Milei logró bajar la inflación de manera drástica, ordenar las cuentas públicas y recuperar el superávit fiscal después de años de descalabro kirchnerista, el mismo arco político que generó esa crisis vuelve a poner palos en la rueda cada vez que se discute abrir la economía al mundo. El resultado es un país que necesita dólares genuinos de inversión pero que sigue rehén de relatos setentistas sobre la soberanía territorial.

El costo de la demagogia territorial

Gobernadores e intendentes del peronismo, muchos de ellos con gestiones marcadas por la inseguridad, el clientelismo y la falta de infraestructura productiva —el caso de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es el más elocuente—, suelen ser los primeros en levantar la bandera del ‘no a la extranjerización’ mientras sus propios distritos expulsan inversión por inseguridad jurídica, presión impositiva y falta de reglas claras. La contradicción es flagrante: se resiste una reforma que podría traer capital genuino a las economías regionales, pero no se ofrece ninguna alternativa real para generar empleo y crecimiento en el interior del país.

Una batalla que el Gobierno no debería abandonar

Pese al traspié legislativo, la administración de Milei mantiene el rumbo de apertura y desregulación que ya mostró resultados contundentes en materia macroeconómica. La derrota en la Ley de Tierras no cambia el diagnóstico de fondo: la Argentina necesita reglas modernas que permitan diferenciar la inversión productiva de riesgo real, en lugar de topes ideológicos que no resuelven nada y solo alimentan un nacionalismo territorial trasnochado.

El desafío hacia adelante será insistir con una reforma inteligente, que discrimine proyectos por su aporte real al desarrollo, sin caer en la demagogia de quienes prefieren agitar fantasmas del pasado antes que discutir cómo generar más empleo y más dólares para el país. El Gobierno tiene el mérito de haber puesto el tema sobre la mesa; ahora resta convencer a una sociedad que todavía carga con prejuicios heredados de décadas de relato kirchnerista.