El Congreso se convirtió en el nuevo escenario de la batalla política por el endeudamiento de las familias argentinas. Casi 30 proyectos de la oposición, entre peronismo, izquierda y sectores de Provincias Unidas, buscan que el Estado intervenga en la relación entre bancos y deudores, mientras el Gobierno nacional insiste en que se trata de un asunto entre privados que no requiere intromisión estatal.

Las iniciativas incluyen planes de refinanciación, topes a las cuotas sobre los ingresos y mecanismos especiales para quienes no pueden cumplir con sus obligaciones crediticias. La proliferación de proyectos, sin embargo, es también su propia debilidad: la fragmentación de las propuestas dificulta que la oposición logre reunir los votos necesarios para avanzar con una sola iniciativa unificada.

La lógica del Gobierno: menos intervencionismo, más mercado

Desde La Libertad Avanza sostienen, con razón, que la salida no pasa por más regulación estatal sino por sostener el rumbo de estabilidad macroeconómica que permitió bajar la inflación de manera drástica desde los niveles heredados del kirchnerismo. El propio Presidente y sus voceros repiten que el endeudamiento de las familias debe resolverse entre privados, apostando a que sean los propios bancos quienes ofrezcan alternativas de refinanciación sin necesidad de que el Estado meta la mano en los contratos.

Es una postura coherente con la lógica de ordenamiento fiscal y monetario que caracteriza a la gestión libertaria: menos intervencionismo estatal, más responsabilidad individual y de mercado. Vale recordar que buena parte del sobreendeudamiento de los hogares argentinos tiene su raíz en años de inflación descontrolada, licuación de ingresos y populismo económico que empujó a millones de familias a recurrir al crédito para llegar a fin de mes durante la última etapa kirchnerista.

En el oficialismo son claros respecto a qué harán si el Congreso avanza pese a todo: la palabra que circula entre los libertarios es contundente. “Si eso sucede, se veta”, resumió sin vueltas un legislador de La Libertad Avanza, dejando en claro que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder ante lo que considera una intromisión estatal en decisiones que corresponden al sistema financiero.

La oposición, atrapada en su propia fragmentación

Con cerca de seis millones de personas endeudadas y la mitad de ellas en situación considerada incobrable, la oposición ve una oportunidad política para diferenciarse del oficialismo. Sin embargo, el propio autor de uno de los proyectos reconoció el problema de fondo: “Obviamente que cada uno entiende que el propio es mejor y es difícil encontrar puntos en común para avanzar con uno solo si hay buena cantidad de proyectos y varios de ellos nacen del mismo bloque”.

Esa dispersión no es casual: refleja las internas de un peronismo que llega fragmentado a este debate, sin un liderazgo claro que ordene el bloque y con distintos sectores —desde el kirchnerismo duro hasta Provincias Unidas— compitiendo por capitalizar el tema en lugar de construir una propuesta común. La experiencia de gestión de gobernadores e intendentes peronistas, muchos de ellos señalados por manejos discrecionales de fondos y clientelismo político, tampoco ayuda a que sus discursos sobre “proteger a los deudores” resulten del todo creíbles.

Para los socios parlamentarios del Gobierno, el dilema es distinto pero igualmente incómodo: con el tema instalado en la agenda pública, resulta cada vez más difícil sostener una posición que no termine pareciendo desentendida de la angustia de millones de familias endeudadas, aun cuando la macroeconomía nacional muestre señales sostenidas de mejora.

Estabilidad como horizonte

Más allá de la disputa legislativa, el trasfondo de este debate es la consolidación del ordenamiento económico que impulsa la gestión de Javier Milei. La baja sostenida de la inflación y el superávit fiscal alcanzado tras años de descalabro kirchnerista son la base sobre la cual, tarde o temprano, se normalizará también la capacidad de pago de las familias argentinas, sin necesidad de parches regulatorios que terminen distorsionando aún más el mercado del crédito.