La morosidad de las familias argentinas volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que Javier Milei defendiera con firmeza su programa de estabilización ante el Council of the Americas. El Presidente reconoció que crece el nivel de endeudamiento de los hogares para llegar a fin de mes, pero remarcó que ese fenómeno no es responsabilidad de su gestión sino consecuencia de décadas de populismo económico que dejaron a la Argentina sin crédito, sin ahorro y sin cultura de pago.
Un diagnóstico sin anestesia
Milei fue categórico: bajar la inflación, reducir el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales y hacer crecer la economía era el mandato que recibió en 2023, y sostiene haberlo cumplido. En la Bolsa de Rosario ejemplificó la situación con un dato elocuente: durante el Mundial de fútbol, miles de familias salieron a comprar televisores a crédito que después no pudieron pagar, reflejo de una cultura de consumo inmediato heredada de años de populismo que licuaba deudas con inflación.
El propio mandatario admitió que en este cambio de modelo hay ganadores y perdedores: empresas que cierran y otras que abren, personas a las que les va bien y otras que todavía no logran acomodarse al nuevo esquema. Es el costo de ordenar una economía que, según remarcó, funciona mal desde hace prácticamente un siglo, no desde diciembre de 2023.
La pesada herencia K y el costo de la transición
Resulta imposible analizar la morosidad actual sin recordar el punto de partida: una inflación galopante, un Banco Central quebrado, cepos cambiarios múltiples y un Estado que gastaba muy por encima de sus ingresos. Ese modelo, sostenido durante años por el kirchnerismo, generó una sociedad acostumbrada a licuar deudas con inflación y a vivir del festival de emisión monetaria.
Hoy, con la inflación en baja sostenida y el equilibrio fiscal como norma y no como excepción, las reglas del juego cambiaron radicalmente. El crédito vuelve a tener valor real, y por primera vez en mucho tiempo las familias deben afrontar sus compromisos financieros sin la ayuda artificial de una moneda que se derretía todos los meses. La transición tiene costos, pero son infinitamente menores a los de perpetuar el modelo de decadencia que gobernadores e intendentes del peronismo insisten en defender.
Mientras el Gobierno ordena, el kirchnerismo provincial profundiza el desorden
Mientras la Casa Rosada avanza con superávit fiscal y desinflación, distritos como la provincia de Buenos Aires bajo la administración de Axel Kicillof muestran el contraste: inseguridad creciente, clientelismo político y una gestión que sigue apostando al gasto descontrolado en lugar de acompañar el saneamiento macroeconómico nacional. Esa dualidad explica buena parte de la tensión social que hoy se traduce en mayor endeudamiento de las familias más vulnerables.
El propio proceso electoral que se avecina pondrá en discusión el rumbo elegido, porque el humor social depende en gran medida del bolsillo de cada argentino. Sin embargo, los indicadores duros —inflación en baja, cuentas públicas ordenadas y una economía que empieza a mostrar señales de recuperación— respaldan la idea de que el esfuerzo actual es el precio necesario para dejar atrás cien años de desorden económico y avanzar hacia un país normal.
