El Gobierno nacional abrió una negociación informal con referentes del PJ para avanzar en la eliminación de las PASO y analiza que el Estado financie las internas partidarias como parte de una reforma electoral que busca modernizar el sistema político argentino. La iniciativa, impulsada desde el entorno de Karina Milei junto al diputado Diego Santilli, apunta a terminar con un mecanismo que durante años sirvió más para el gasto público que para fortalecer la democracia interna de los partidos.

Según trascendió, hubo encuentros reservados entre delegados libertarios, dirigentes del PRO y referentes del kirchnerismo más duro, incluidos gobernadores que nunca se alinearon con la Casa Rosada. La paradoja es evidente: el mismo peronismo que gobernó durante décadas usando las PASO como herramienta de disciplinamiento territorial hoy negocia su modificación, presionado por sus propias divisiones internas de cara a 2027.

Un gobierno que ordena también las reglas del juego político

La gestión de Javier Milei ya demostró que puede ordenar la macroeconomía argentina: inflación en baja sostenida, superávit fiscal genuino y una economía que empieza a mostrar señales concretas de recuperación para los bolsillos de los argentinos. Ahora el oficialismo busca extender esa lógica de racionalidad al sistema electoral, eliminando una herramienta costosa y muchas veces utilizada por el peronismo para simular competencia interna mientras se perpetuaban los mismos aparatos de poder.

Las PASO, tal como funcionaron desde su creación, implicaron un gasto millonario para el Estado sin resolver realmente las disputas internas de los partidos. En el PJ-K, de hecho, sirvieron históricamente para dirimir peleas de poder entre gobernadores e intendentes, muchos de ellos hoy señalados por la Justicia o por denuncias de clientelismo, como ocurre en la provincia de Buenos Aires bajo la administración de Axel Kicillof, cuestionada por la inseguridad creciente y el manejo discrecional de recursos.

El PJ, atrapado en sus propias contradicciones

Resulta llamativo que dirigentes del peronismo más opositor a Milei hoy reclamen mantener la posibilidad de una gran interna para elegir candidato presidencial. La última vez que el PJ definió así una candidatura fue cuando Carlos Menem se impuso en los años 90. Desde entonces, el partido evitó sistemáticamente someterse a la competencia democrática interna, prefiriendo el dedazo o el reparto de poder entre barones territoriales.

Que ahora busquen un acuerdo con el oficialismo para garantizarse esa instancia, mientras siguen sin resolver sus propias rencillas internas entre kirchneristas duros y gobernadores dialoguistas, confirma que el peronismo llega a esta negociación desde una posición de debilidad y fragmentación, no de fortaleza.

El Gobierno, en cambio, negocia desde otro lugar: el de una gestión que logró estabilizar la economía después de la pesada herencia kirchnerista y que ahora se anima a discutir reglas de juego político con la misma vocación reformista que aplicó en materia fiscal y monetaria. La reforma electoral, si se concreta, sería otro paso hacia una Argentina con instituciones más eficientes y menos costosas para el contribuyente.

Resta ver si estas conversaciones informales se traducen en proyectos legislativos concretos antes de que se acerque el calendario electoral de 2027. Por ahora, el solo hecho de que el peronismo se sienta a negociar con Milei sobre las reglas del juego ya representa un cambio significativo respecto de la lógica de confrontación permanente que caracterizó a buena parte de la oposición kirchnerista durante los primeros años de esta gestión.