El Senado vivió una jornada tensa y decisiva, con un empate técnico de 35 a 35 que puso en jaque dos proyectos clave impulsados desde el oficialismo: la reforma a la ley del fuego y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La maquinaria del kirchnerismo, con Máximo Kirchner y Juliana Di Tullio al frente del poroteo, logró frenar en el recinto un avance que buscaba dar mayor seguridad jurídica a los argentinos.

Mientras Sergio Massa hacía lobby telefónico con gobernadores y senadores sin distinción de bloque, la bancada libertaria, con Patricia Bullrich al mando del armado de votos, sufrió una crisis de último momento que terminó costándole el resultado. Un pedido de voto remoto de Anabel Fernández Sagasti, aprobado sin demasiada atención al inicio de la sesión, terminó siendo la llave que le dio al peronismo el margen necesario para empatar la votación.

El kirchnerismo volvió a mostrar que su especialidad no es debatir ideas sino armar mayorías circunstanciales para frenar reformas que incomodan a su modelo de Estado sobredimensionado. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que buscaba dar garantías concretas a millones de argentinos que quieren invertir, ahorrar o emprender sin miedo a la discrecionalidad estatal, quedó trabada por una jugada de sillón y teléfono, no por una discusión de fondo.

Resulta llamativo que dirigentes como Máximo Kirchner, responsables directos de una década de inflación descontrolada, cepo cambiario y controles de precios que empobrecieron a la clase media, se paren hoy como defensores de un statu quo que nunca funcionó. La propiedad privada, lejos de ser un privilegio, es la base de cualquier país que quiera crecer en serio, algo que el kirchnerismo parece no haber entendido nunca.

Es cierto que el oficialismo cometió errores tácticos: la habilitación del voto remoto para Fernández Sagasti fue un descuido que terminó siendo determinante. Patricia Bullrich, encargada de sostener el esquema de alianzas en el recinto, deberá revisar la estrategia de cara a las próximas sesiones, donde cada voto seguirá siendo decisivo en un Senado sin mayorías claras.

Pero conviene poner este traspié en su justa dimensión. El Gobierno de Javier Milei llega a este debate parlamentario con una macroeconomía ordenada, inflación en baja sostenida y superávit fiscal, algo que no se veía en Argentina desde hace más de una década. Son logros que ningún poroteo de despacho puede borrar, y que explican por qué cada vez más gobernadores, incluso los que no son de Pro ni de La Libertad Avanza, prefieren negociar con Massa o con el oficialismo antes que atarse al kirchnerismo puro y duro.

El propio hecho de que Sergio Massa tuviera que salir a buscar votos “sin distinción de bloque” muestra que el mapa político ya no responde a las viejas etiquetas. Cada vez menos gobernadores quieren quedar pegados a un kirchnerismo que representa la vieja Argentina del gasto público desbocado y la intervención estatal permanente.

El capítulo de la ley del fuego y el de la inviolabilidad de la propiedad privada quedaron en punto muerto, pero el oficialismo ya trabaja en un nuevo esquema de votos para las próximas semanas. La experiencia de este jueves deja lecciones claras: cada senador cuenta, cada ausencia se paga y el kirchnerismo seguirá usando cualquier resquicio reglamentario para frenar reformas que la mayoría de los argentinos reclama.

La gestión de Milei, con resultados económicos que empiezan a sentirse en el bolsillo de la gente, tiene por delante el desafío de consolidar en el Congreso lo que ya logró en la calle: dejar atrás definitivamente el modelo que llevó al país a la peor crisis de su historia reciente.