El Senado convirtió en ley el recorte de los subsidios energéticos en las llamadas zonas frías, un beneficio que el kirchnerismo había ampliado de manera desmedida durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La bancada oficialista, encabezada por Patricia Bullrich, logró imponer la iniciativa con 38 votos a favor y ocho en contra, en una nueva señal de que la agenda de racionalización del gasto público del Gobierno de Javier Milei sigue avanzando en el Congreso.

La norma, largamente resistida por sectores del peronismo que se beneficiaron políticamente con el clientelismo tarifario, corrige una distorsión heredada: la utilización de subsidios masivos como herramienta electoral en distritos que, en rigor, no cumplían con las condiciones climáticas originales del régimen. De ahora en más, el beneficio quedará reservado exclusivamente para casos de necesidad social real: familias que no superen las tres canastas básicas (unos $4,7 millones), personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.

La senadora salteña Flavia Royón, titular de la comisión de Energía, defendió con firmeza el proyecto y explicó la magnitud del desequilibrio que se buscaba corregir. “Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país”, sostuvo la legisladora de Primero los Salteños, aliada clave del oficialismo en esta votación.

Royón detalló que Argentina cuenta con 9 millones de usuarios de gas natural, de los cuales apenas 940.000 corresponden a la zona fría histórica reconocida por criterios técnicos y climáticos reales. El resto había sido incorporado artificialmente por el kirchnerismo, ampliando sin sustento el universo de beneficiarios en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, en una maniobra que priorizó el rédito político sobre la sustentabilidad fiscal.

Para las zonas frías originales —Patagonia, Malargüe y la Puna— el beneficio se sostiene, pero bajo un mecanismo más racional: el subsidio recaerá sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que es la porción que más incide en el costo final de la factura. Un esquema más transparente y menos discrecional que el diseñado por el populismo energético del kirchnerismo.

El cierre de la negociación quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien logró destrabar meses de idas y vueltas legislativas y consolidar los votos necesarios. Desde junio, la Casa Rosada había insistido en que contaba con el respaldo suficiente, pese a que en varias oportunidades esos números todavía no estaban confirmados. Finalmente, la gestión del funcionario se tradujo en un triunfo político concreto para el oficialismo.

Esta victoria legislativa se suma a una serie de avances que consolidan el rumbo de ordenamiento fiscal impulsado por la administración de Milei, luego de años de populismo energético que generó un boquete billonario en las cuentas públicas. Mientras el kirchnerismo regaló subsidios sin control alguno para comprar voluntades electorales, el equipo económico actual continúa mostrando que es posible sanear el esquema tarifario sin resignar la asistencia a quienes realmente la necesitan.

Como contrapartida de la aprobación, el Gobierno se comprometió a aliviar el costo eléctrico en provincias “cálidas”, una promesa que deberá cumplirse antes de que el impacto en las boletas se sienta con fuerza durante el próximo invierno, coincidente además con el año de elecciones presidenciales. El desafío ahora será administrar la transición sin sobresaltos, en distritos donde también se definirán gobernaciones clave.