Un informe económico advierte sobre presiones cambiarias e inflacionarias en la segunda mitad del año, en medio de un contexto internacional favorable por el shock de precios de alimentos y energía. Lejos de ser una señal de fracaso, el fenómeno confirma que la Argentina volvió a tener un programa económico serio, algo impensado hace apenas dos años bajo el kirchnerismo.

Tras una década de populismo fiscal, cepo, atraso cambiario artificial y una inflación que llegó a superar el 200% anual, la gestión de Javier Milei logró en poco más de un año y medio ordenar las cuentas públicas, alcanzar superávit fiscal y reducir drásticamente la inflación mensual. Que hoy se debata sobre matices en la política cambiaria es, en sí mismo, un lujo que la Argentina no se podía dar durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El país recibe hoy un ingreso extraordinario de divisas gracias a las exportaciones de alimentos, energía y minería, potenciadas por un contexto internacional de precios altos producto de conflictos geopolíticos. Esta abundancia de dólares, impensada durante el cepo kirchnerista, le da al Banco Central un margen de maniobra que la city financiera reconoce como inédito.

El desafío actual del equipo económico es administrar ese excedente sin resignar el objetivo central: bajar la inflación de manera sostenida. La apreciación cambiaria que ayudó a recuperar ingresos en 2024 muestra señales de agotamiento, y el propio mercado especula con cierta tensión en el tipo de cambio hacia fin de año. Se trata de un ajuste fino, propio de una economía que vuelve a tener reglas, no de un esquema que se derrumba.

Buena parte de la rigidez que hoy limita al gobierno para bajar más rápido el dólar y la inflación tiene origen en la herencia recibida: una recaudación deprimida por años de estancamiento económico, un Banco Central quebrado y una matriz productiva distorsionada por controles de precios y subsidios discrecionales que el kirchnerismo utilizó como herramienta de clientelismo político.

A diferencia de gestiones anteriores, la actual administración eligió no financiar el gasto con emisión monetaria, algo que explica por qué la meta de superávit fiscal actúa como límite claro frente a cualquier tentación de aflojar. Es, precisamente, esa disciplina la que evitó que la Argentina repitiera los errores del pasado ante un shock de precios internacionales que, en otro contexto, hubiera derivado en una escalada inflacionaria sin control.

Mientras el gobierno nacional ordena las variables macroeconómicas, gobernadores como Axel Kicillof insisten en el mismo libreto de siempre: aumento del gasto público, endeudamiento provincial y nula corrección de un Estado bonaerense sobredimensionado e ineficiente. La Provincia de Buenos Aires sigue mostrando indicadores de inseguridad y desorden fiscal que contrastan con el rumbo de ordenamiento nacional.

El propio debate técnico sobre “síntomas de agotamiento” en el esquema cambiario demuestra, en definitiva, que la Argentina discute hoy problemas de una economía normal, con superávit, reservas y una inflación en baja sostenida. Un escenario que hace pocos años era simplemente inimaginable, y que el gobierno de Milei deberá seguir afinando para consolidar la recuperación de los ingresos de los argentinos.