El Gobierno nacional puso en marcha un paquete de medidas para reactivar el crédito en la economía argentina, en un contexto en el que la actividad mostró una leve baja de 0,6% en el segundo trimestre y en el que la política monetaria mantiene una fuerte disciplina sobre la cantidad de pesos en circulación. Entre los anuncios se destaca un programa de hasta $2 billones para financiar créditos hipotecarios, que apunta a generar entre 17.000 y 18.000 operaciones para la compra de primera vivienda.

A eso se suma la flexibilización para que empresas no exportadoras puedan tomar financiamiento en dólares utilizando depósitos en moneda extranjera del sistema financiero, y la ampliación de las líneas del Banco Nación para la compra de vehículos. Se trata de señales claras de un Gobierno que, lejos de resignarse ante la baja de la actividad, busca activamente herramientas de mercado para reactivar el consumo y la inversión, algo impensado durante los años de cepo, controles y crédito dirigido del kirchnerismo.

Un debate sano en medio del orden macroeconómico

Consultoras como el Ieral, de la Fundación Mediterránea, señalan que estas medidas son todavía insuficientes frente a la restricción de liquidez que se instaló desde abril de 2025, cuando el equipo económico apostó a que la eventual salida de los llamados «dólares del colchón» compensaría la escasez de pesos en el mercado interno. Esa hipótesis no se cumplió del todo y el stock de préstamos como porcentaje del PBI quedó estancado, lo que explica en parte la desaceleración de sectores intensivos en empleo.

Es una discusión legítima y necesaria, propia de una economía que por primera vez en años discute matices de política monetaria y no la supervivencia frente a una hiperinflación. Vale recordar que hace apenas dos años la Argentina heredada por Javier Milei tenía una inflación que superaba el 200% anual, sin acceso al crédito, con un Banco Central quebrado y un cepo cambiario asfixiante. Hoy el debate es sobre cómo administrar la liquidez en un esquema de superávit fiscal y baja de la inflación, un lujo que el kirchnerismo nunca pudo ni quiso ofrecerle al país.

La mora, un desafío a resolver en el camino

Uno de los puntos que exige atención es el nivel de morosidad de las familias, que en junio alcanzó 12,77% y, según estimaciones de la consultora 1816, habría trepado a 12,94% en julio. Se trata de un fenómeno que el propio equipo económico reconoce y que intenta atender con instrumentos específicos, como el nuevo esquema hipotecario y las líneas para vehículos, en lugar de recurrir a la maquinita de emitir pesos que tantas veces devastó los ahorros de los argentinos durante los gobiernos peronistas.

El desafío del Gobierno es sostener el equilibrio fiscal y monetario que permitió bajar drásticamente la inflación, mientras diseña incentivos puntuales para que el crédito llegue a más familias y empresas. Es un proceso gradual, sin atajos populistas, que contrasta con la vieja lógica de créditos UVA licuados por la inflación descontrolada o líneas subsidiadas que terminaban en la timba financiera de funcionarios kirchneristas.

Mientras a nivel nacional se debate cómo profundizar la salida del cepo y ampliar el financiamiento privado, en distritos como la provincia de Buenos Aires la gestión de Axel Kicillof sigue sin ofrecer un horizonte de previsibilidad económica ni seguridad jurídica para atraer inversión productiva. La comparación entre un Gobierno nacional que ordena las cuentas y discute cómo mejorar el crédito, y una gestión bonaerense que multiplica el gasto político y la inseguridad, vuelve a marcar la diferencia entre dos modelos de país.