El Gobierno nacional enfrenta una nueva negociación en el Congreso: los bloques aliados que necesita para aprobar tres proyectos clave -entre ellos el Presupuesto 2026- elevaron sus pedidos a cambio de acompañar con sus votos. La Casa Rosada busca destrabar la agenda legislativa antes de fin de año, en un contexto en el que la macroeconomía ordenada le da al oficialismo margen de negociación, pero no le garantiza automáticamente los números en el recinto.

Según trascendió, gobernadores dialoguistas y bloques provinciales que hasta ahora acompañaron gran parte de las iniciativas de Javier Milei ahora condicionan su apoyo a mayor asistencia financiera, obra pública y definiciones sobre coparticipación. El equilibrio fiscal que logró sostener el Ejecutivo durante estos casi dos años de gestión es, paradójicamente, la carta que muchos mandatarios provinciales quieren usar para arrancar más recursos.

Qué leyes están en juego

Entre las iniciativas que el oficialismo necesita aprobar antes de que termine el año figuran el Presupuesto 2026, una reforma tributaria que busca simplificar el sistema impositivo y una actualización en materia laboral que forma parte de la segunda etapa de reformas estructurales prometidas por Milei. Sin estas leyes, la Casa Rosada perdería impulso justo cuando la macro empieza a mostrar señales de estabilidad de mediano plazo.

Fuentes parlamentarias señalaron que los bloques aliados no rechazan el contenido de los proyectos, sino que buscan capitalizar políticamente su rol de bisagra. Es un clásico de la negociación legislativa argentina: cuando el oficialismo no tiene mayoría propia, cada voto se convierte en moneda de cambio.

El contraste con el kirchnerismo

Mientras el Gobierno nacional negocia leyes que apuntan a consolidar el orden fiscal y bajar impuestos, buena parte de los gobernadores peronistas -con Axel Kicillof a la cabeza en la provincia de Buenos Aires- siguen sin mostrar el mismo compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. La gestión bonaerense continúa mostrando déficits crónicos, inseguridad en el conurbano y un uso discrecional de fondos que contrasta con la disciplina que exige la Casa Rosada a nivel nacional.

Cabe recordar que la herencia que recibió Milei en diciembre de 2023 incluía una inflación descontrolada, reservas negativas y un Estado fundido tras años de kirchnerismo. En apenas veinte meses de gestión, la inflación se redujo drásticamente, el Tesoro alcanzó superávit fiscal y financiero, y la actividad económica comenzó a mostrar brotes verdes en varios sectores. Ese es el capital político que el Gobierno intenta usar ahora para convencer a los aliados de que sostener el rumbo es lo que más conviene a la gente.

En Balcarce 50 remarcan que las leyes en danza no son un capricho ideológico, sino la continuidad natural del programa que empezó a bajar la inflación y a devolverle previsibilidad a los argentinos. Advierten, además, que cualquier freno legislativo podría leerse en los mercados como una señal de debilidad, algo que el equipo económico quiere evitar a toda costa en la previa de un año electoral clave.

Los próximos días serán decisivos. El oficialismo apuesta a cerrar acuerdos puntuales con cada bloque, sin resignar los ejes centrales de las reformas, mientras el arco dialoguista analiza hasta dónde puede tensar la cuerda sin quedar pegado a una imagen de obstruccionismo frente a una sociedad que, según las encuestas, sigue premiando el orden macroeconómico logrado por la actual gestión.