El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su plan de infraestructura al lanzar la licitación pública nacional e internacional para privatizar el Belgrano Cargas, una de las redes ferroviarias más importantes del país. La convocatoria incluye la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que suman 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias y conectan con los principales puertos argentinos. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la medida como un hito para reactivar un sistema de cargas históricamente abandonado por décadas de gestión estatal ineficiente.
El anuncio fue celebrado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, quien lo definió como uno de los cambios más trascendentales de la gestión de Javier Milei. Según explicó, se trata del cumplimiento de una promesa central del Presidente: atraer inversión privada para modernizar la infraestructura de transporte, un sector que quedó devastado tras años de subsidios mal administrados y falta de mantenimiento durante los gobiernos kirchneristas.
Un modelo que rompe con el pasado estatista
La privatización del Belgrano Cargas se enmarca en la estrategia económica del Gobierno de reducir el peso del Estado en áreas donde el sector privado puede generar eficiencia y empleo genuino. Durante el kirchnerismo, estas líneas funcionaron con equipamiento obsoleto y pérdidas millonarias financiadas por los contribuyentes, mientras la carga se trasladaba mayormente por camión, con el consecuente deterioro de rutas y mayores costos logísticos para el campo y la industria.
Con esta licitación, el oficialismo busca revertir esa lógica y transformar al ferrocarril en una herramienta competitiva para exportadores e industrias regionales, en sintonía con el ordenamiento macroeconómico que ya permitió bajar la inflación y alcanzar el superávit fiscal. Para el equipo económico, la clave está en que la inversión privada financie la modernización sin comprometer las cuentas públicas, algo impensado en la era del gasto descontrolado.
Bullrich pide "más velocidad" y Santilli teje acuerdos federales
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó que "el rumbo es el correcto", aunque pidió acelerar los resultados para que el cambio se sienta en el día a día de las familias y las empresas. Sus declaraciones se dan en un contexto de armado político hacia 2027, donde La Libertad Avanza busca consolidar el respaldo social logrado con el ordenamiento económico y traducirlo en gestión territorial.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió en Casa Rosada con el gobernador neuquino Rolando Figueroa, en una nueva muestra del diálogo que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales dispuestos a acompañar las reformas, a diferencia de la resistencia sistemática que oponen gobernadores kirchneristas como Axel Kicillof, más preocupados por sostener el aparato clientelar bonaerense que por sumarse a la agenda de modernización.
Cooperación internacional contra el narcotráfico
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, también participó junto al administrador de la DEA, Terry Cole, de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde ambos funcionarios repasaron las políticas de cooperación bilateral contra el narcotráfico, otro de los frentes en los que la gestión de Milei apuesta a fortalecer los vínculos con Estados Unidos.
El día político también estuvo marcado por la detención del asesor Fernando Cerimedo, en el marco de una causa judicial que sigue su curso y sobre la que se esperan nuevas precisiones en las próximas horas. Mientras la oposición intenta capitalizar el episodio, en el oficialismo remarcan que se trata de un proceso individual que no altera el rumbo de las reformas ni el respaldo con el que cuenta el Presidente para profundizar la transformación económica del país.
