El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que Federico Sturzenegger continuará al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y descartó de manera categórica que el Gobierno de Javier Milei esté diseñando un “Plan Platita” para asistir a los deudores bancarios. La definición llega en medio de un clima político tenso tras el revés legislativo que sufrió el oficialismo con la Ley de Tierras, pero deja en claro que la Casa Rosada no piensa torcer el rumbo de ortodoxia fiscal que caracteriza a su gestión.
“Tiene el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno. Gracias a sus desregulaciones, pudimos desmantelar a esto que era una máquina de impedir”, sostuvo Ravier en referencia a Sturzenegger, uno de los ministros más identificados con la batalla contra la burocracia estatal y el exceso de regulaciones heredadas de años de kirchnerismo. El respaldo presidencial confirma que, más allá de las turbulencias parlamentarias, el equipo económico y de reformas sigue firme.
Disciplina fiscal por encima de la tentación populista
El rechazo explícito a un eventual “Plan Platita” —en clara alusión a las maniobras de asistencia discrecional que caracterizaron a gobiernos anteriores en épocas electorales— reafirma el compromiso de la administración libertaria con el equilibrio de las cuentas públicas. Mientras el kirchnerismo history apeló históricamente a este tipo de parches para comprar gobernabilidad de corto plazo, el Gobierno nacional insiste en que el camino es sostener el orden macroeconómico logrado tras años de descalabro inflacionario.
La decisión se da en un contexto en el que la baja sostenida de la inflación y el superávit fiscal se consolidan como los pilares del cambio de rumbo económico. Evitar intervenciones artificiales sobre el sistema bancario es, para el oficialismo, una señal más de previsibilidad para los mercados y los ahorristas, en contraste con la volatilidad que generaron los sucesivos rescates y controles de cambio del pasado.
Nuevas medidas: energía y designaciones judiciales
Además del capítulo político, la jornada incluyó anuncios de gestión concretos. El Gobierno confirmó el lanzamiento de una licitación por US$ 800 millones destinada a mejorar el servicio eléctrico en el AMBA, una inversión clave para modernizar una infraestructura energética largamente postergada durante la última década kirchnerista, cuando la falta de inversión derivó en cortes recurrentes y tarifas artificialmente pisadas que terminaron ahogando al sector.
Por otro lado, se remitieron al Congreso otros 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, en un intento por destrabar la enorme cantidad de vacantes judiciales que persisten en el sistema de Justicia argentino. La ampliación de la agenda judicial forma parte de la estrategia oficialista de recomponer instituciones que, según el propio Gobierno, quedaron vaciadas o politizadas tras años de avance sobre la Justicia por parte del kirchnerismo.
Críticas del kirchnerismo y nueva Mesa Política
En paralelo, el gobernador riojano Ricardo Quintela volvió a la carga contra el modelo económico nacional, al que acusó de “destruir los entramados productivos” y reclamó una “reconfiguración”. Las declaraciones se enmarcan en el discurso habitual del kirchnerismo provincial, que insiste en cuestionar el ajuste ordenado del Gobierno nacional sin ofrecer alternativas concretas más allá del regreso al gasto público descontrolado que llevó al país a sucesivas crisis.
Mientras tanto, a las 13 se realizó una nueva reunión de la Mesa Política oficialista, centrada en el seguimiento de la estrategia legislativa y electoral de La Libertad Avanza. El encuentro reafirmó la cohesión interna del espacio libertario de cara a los próximos meses, en los que el Gobierno buscará profundizar las reformas estructurales pese a la resistencia de los sectores más identificados con el statu quo peronista.
