Un fuerte debate se instaló en el ambiente económico luego de que el columnista Alejandro Bertin pusiera en discusión una idea que atravesó a la Argentina durante décadas: la de que el empresario es siempre el culpable de los males económicos del país. El planteo llega en un momento clave, cuando el Gobierno de Javier Milei avanza con la desregulación y busca sentar las bases de una economía más competitiva tras años de intervencionismo kirchnerista.

Según el análisis, durante el kirchnerismo el empresariado fue señalado como explotador, especulador y responsable de la inflación, un relato que sirvió para justificar regulaciones laborales asfixiantes y una industria del juicio que espantó inversiones. Hoy, con las reglas cambiando radicalmente hacia la apertura y la competencia, la etiqueta persiste: el empresario sigue siendo el señalado, aunque ahora por "caro", "poco competitivo" o "incapaz de adaptarse".

La herencia que frena la transformación

Nadie puede negar que el sector productivo argentino necesita modernizarse: hace falta más apertura, más competencia y mayor productividad. El problema es que buena parte del atraso empresarial no nació ayer, sino que es producto directo de doce años de cepo cambiario, inflación descontrolada, presión impositiva récord y un Estado que premiaba la especulación financiera antes que la inversión productiva.

Pretender que ese daño estructural se corrija en apenas dos años, sin dar tiempo para que las empresas accedan a crédito, tecnología e infraestructura, es exigirle al sector privado una proeza imposible. La transición hacia una economía sana requiere gradualismo en la letra chica, aunque la macro se ordene con la velocidad que Milei le viene imprimiendo.

El cambio de rumbo empieza a mostrar resultados

Pese a esas tensiones de corto plazo, la gestión libertaria ya exhibe logros que eran impensados bajo el kirchnerismo: inflación en baja sostenida, superávit fiscal y financiero, eliminación de la maquinita de emisión y un Banco Central que por primera vez en años deja de financiar el déficit político. Ese ordenamiento macroeconómico es, precisamente, la condición necesaria para que el sector privado deje de operar en modo supervivencia y empiece a planificar inversión genuina.

Mientras el Gobierno nacional pone en marcha reformas estructurales —laboral, impositiva, de apertura comercial— para bajarle costos reales a las empresas, buena parte de la dirigencia peronista sigue atada al viejo librito de la presión fiscal provincial, el gasto clientelar y la timba política antes que a facilitar la producción. Gobernadores como Axel Kicillof, que administra la provincia con mayor carga tributaria del país, insisten en un modelo agotado de Estado presente pero ineficiente, que termina trasladando el costo de su propia mala gestión al empresario bonaerense.

Un debate necesario para el futuro productivo

El planteo de fondo es correcto: la Argentina necesita empresas más productivas, pero exigir esa transformación sin generar antes las condiciones —crédito accesible, previsibilidad jurídica, reglas estables— y después calificar de "ineficiente" a quien no logra sobrevivir, no es política de desarrollo. Es, en el mejor de los casos, impaciencia; en el peor, una nueva excusa para no asumir responsabilidades compartidas.

El desafío que enfrenta la gestión de Milei es sostener el rumbo del orden fiscal y monetario mientras acelera las reformas que le den al empresariado argentino las herramientas reales para competir. La macro sana ya está puesta; ahora falta que el círculo virtuoso llegue de manera pareja a cada rincón productivo del país.