La Corte Suprema de Justicia publicó este martes el fallo que confirma y deja firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Además, la exmandataria recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Junto a ella, otras ocho personas, entre empresarios y exfuncionarios, también fueron condenadas por su responsabilidad en el fraude a la administración pública que implicó un perjuicio millonario al Estado.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) había sentenciado previamente al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión, al considerarlo partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta. A su vez, José López, exsecretario de Obras Públicas, fue condenado también a seis años y recibió una inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. El tribunal lo declaró autor penalmente responsable del mismo delito que afecta a Cristina y Báez.
Entre los funcionarios de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, exdirector, fue condenado a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Mauricio Collareda, responsable del distrito Santa Cruz, recibió una pena de cuatro años de prisión y también fue inhabilitado. Raúl Daruich, a cargo del distrito N° 23 de la misma provincia, fue sentenciado a tres años y también quedó inhabilitado de por vida para cargos públicos. Juan Carlos Villafañe fue condenado a cinco años, Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, a cuatro años y medio, y José Santibáñez, también expresidente de esa misma entidad, recibió cuatro años de prisión con inhabilitación especial perpetua. En todos los casos, el delito atribuido fue administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por otra parte, el tribunal absolvió a cuatro exfuncionarios: Julio de Vido, exministro de Planificación Federal; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal. Estos exfuncionarios habían sido acusados en la causa, pero el TOF 2 consideró que no había pruebas suficientes para condenarlos.
Con esta confirmación definitiva, la justicia marca un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en Argentina, sancionando a una de las figuras políticas más importantes del país y a quienes colaboraron en la maniobra que afectó los recursos públicos destinados a obras viales. La sentencia también sienta las bases para evitar que los condenados puedan ocupar cargos públicos en el futuro, cerrando un capítulo emblemático de la política argentina.
