El Gobierno de Javier Milei minimizó la denuncia penal presentada por el diputado radical Facundo Manes contra Santiago Caputo, asesor cercano al Presidente, por presuntas amenazas coactivas. La acusación surge a raíz de un fuerte cruce entre ambos durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el pasado sábado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema en su conferencia de prensa matutina y calificó la denuncia como un “show”. Además, desestimó la postura del legislador al catalogarlo como “diputado kirchnerista”. “Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes”, afirmó. También cuestionó la actitud del diputado durante la sesión: “Se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del Presidente, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto a la investidura presidencial y a todos los que estábamos escuchando al Presidente, elegido por la gran mayoría de los argentinos con su voto”.
Este miércoles, Manes formalizó su denuncia en los tribunales de Comodoro Py mediante un escrito de 21 páginas en el que acusa a Caputo de amenazas coactivas, mencionando “golpes en la zona renal” y frases como “ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda”. Al ser consultado sobre si esta acusación afectaría la permanencia de Caputo en su cargo, Adorni fue contundente: “¿Por qué debería ratificar a una de sus personas de máxima confianza?”.
Los abogados de Manes advierten sobre la gravedad del caso
Tras la presentación judicial, los abogados del legislador, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, remarcaron que las amenazas atribuidas a Caputo podrían implicar penas de entre “5 y 10 años de prisión”, debido a que se realizaron contra un diputado en ejercicio de sus funciones. “La denuncia es contra Santiago Caputo por amenazas coactivas, que se ven agravadas por la situación de diputado de Facundo Manes”, explicó Gil Domínguez en declaraciones radiales.
El letrado sostuvo que los hechos denunciados constituyen una forma de “coacción” para condicionar el rol opositor del legislador. “Es un mensaje también para el resto de los legisladores que no son oficialistas o tienen posiciones críticas al Gobierno”, advirtió. Asimismo, criticó las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había señalado que la denuncia de Manes respondía a un acto de campaña. “Este Gobierno minimiza la Constitución y las leyes”, expresó Gil Domínguez.
Por su parte, Bergés destacó que “como las amenazas de Caputo tuvieron como propósito la obstrucción de una medida de un diputado, el hecho se agrava y tiene una pena bastante más alta que la habitual por amenazas comunes”, advirtiendo que la condena podría alcanzar los diez años de prisión. Además, negó que Manes haya sido el iniciador del altercado: “Si uno revisa las imágenes que aportan los medios, se nota claramente que es Caputo quien va a buscar a Manes. Vemos contacto físico de forma violenta y agresiva, que Manes no respondió”.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para imputar al asesor presidencial. Mientras tanto, el oficialismo mantiene su postura de respaldar a Caputo y desacreditar la denuncia del legislador radical.
