El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.786, conocida como “Ley Antimafias”, destinada a combatir las organizaciones criminales en el país. La norma, que había sido aprobada en el Senado el 20 de febrero, quedó formalmente en vigencia este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el decreto 177/2025. La firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona avaló la puesta en marcha de la iniciativa, que busca endurecer las penas para los miembros de organizaciones delictivas y fortalecer las herramientas del Estado para su desarticulación.
La ley establece que cualquier grupo de tres o más personas que actúe de manera organizada en un territorio determinado y con el objetivo de cometer delitos especialmente graves será considerado una organización criminal. Entre sus principales cambios, se incorpora la posibilidad de identificar delincuentes en función de la reiteración de delitos en una misma zona y se permite la declaración de ciertas áreas como “sujetas a investigación especial”. Esto habilita a las fuerzas de seguridad federales y provinciales a intervenir con operativos coordinados, realizar escuchas telefónicas, incautar bienes y confiscar mercadería vinculada a actividades delictivas.
Otra de las modificaciones clave está en el artículo 6°, que habilita la detención de una persona hasta por 48 horas en el marco de una averiguación por delitos, con previa autorización del Ministerio Público Fiscal y bajo la condición de una “urgencia fundada”. Además, la legislación unifica las penas para todos los integrantes de una organización criminal, eliminando la diferenciación por roles dentro de la estructura delictiva. “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o mantenimiento de una asociación ilícita”, establece el texto.
La Ley Antimafias fue aprobada en el Senado con 38 votos a favor, incluyendo los del oficialismo, sectores de la oposición dialoguista y dos legisladores del Frente de Todos: Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). El resto de la bancada kirchnerista se retiró del recinto antes de la votación. En la Cámara de Diputados, había obtenido media sanción en octubre de 2024 con 137 votos afirmativos, 92 negativos y sin abstenciones, en un debate que también incluyó el proyecto de “Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”. Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la promulgación de la norma a través de sus redes sociales.
