La Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social confirmó este jueves el rechazo a la acción presentada por la Mesa Coordinadora Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, que había solicitado la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023, emitido en diciembre de 2023. El fallo, que fue dictado por los jueces Juan Fantini Albarenque, Walter F. Carnota y la jueza Nora Carmen Dorado, se fundamentó en la falta de “legitimación activa” de los representantes del colectivo de jubilados, al considerar que no cumplían con los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Halabi.
La Mesa Coordinadora había argumentado que el DNU 70/2023 afectaba los derechos de los jubilados y pensionados en aspectos cruciales como la seguridad social, el acceso a la salud y los medicamentos. Entre las principales consecuencias denunciadas, se mencionaban la desregulación de las obras sociales, que, según la organización, habría permitido un aumento desmedido de los costos de la medicina prepaga, la reducción de la cobertura de medicamentos al 100% por parte del PAMI, y la declaración de emergencia previsional, lo que según la demanda vulneraría los derechos fundamentales del sistema de seguridad social. Sin embargo, los jueces consideraron que no se había demostrado de manera suficiente la existencia de una afectación colectiva y homogénea.
El fallo establece que, aunque el DNU N° 70/2023 constituye una norma de origen único, no se aportaron pruebas que demostraran una conexión directa y homogénea entre dicha norma y la afectación denunciada. Según los jueces, los impactos mencionados en la demanda afectan de manera diversa a cada jubilado, dependiendo de sus circunstancias personales, lo que impide que se justifique una acción colectiva. Además, la demanda no especifica los elementos comunes de la lesión a los derechos individuales, lo que dificulta la identificación de los intereses homogéneos que permitirían una acción colectiva. En cuanto a la dificultad económica de los jubilados para litigar de manera individual, los jueces también consideraron que no se había acreditado que el acceso a la justicia fuera inviable.
La resolución de la Cámara ha sido cuestionada por algunos actores, como el ex Presidente de la Cámara de la Seguridad Social, Luis Herrero, quien expresó su desacuerdo con la decisión. Herrero argumentó que “el Estado tiene ‘legitimación’ para violar los derechos de los jubilados, pero los jubilados no tienen legitimación para pretender su reparación”, criticando así el enfoque judicial que considera que no existe legitimidad para que los jubilados reclamen una reparación colectiva por los efectos del DNU.
