El reciente ajuste de tarifas de luz y gas, anunciado por el Gobierno, ha puesto de manifiesto la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir el gasto público en subsidios de manera gradual, buscando minimizar el impacto económico en el año electoral. La decisión de frenar el recorte de los subsidios y dividir el ajuste en once meses, en lugar de realizarlo de forma brusca, fue justificada por el propio Caputo, quien reconoció que la propuesta inicial había sido un “error”. El cambio de rumbo se formalizó con la publicación de la resolución 36/2025 de la Secretaría de Energía, que establece que los aumentos de tarifas para los usuarios de ingresos medios y bajos (categorías N2 y N3) serán más suaves y comparables a los de los usuarios de altos ingresos (N1).
El Gobierno había diseñado un plan para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva, buscando eliminar la segmentación existente desde octubre de 2022. Este esquema diferenciaba a los 9,5 millones de hogares que aún recibían subsidios de los 5,5 millones que ya no los recibían. Sin embargo, los recientes aumentos de hasta el 12,3% en las tarifas de luz para los usuarios de menores ingresos, sumados a los efectos sobre la inflación, han generado dudas sobre la efectividad de esta política en un año electoral. A pesar de que la recaudación tributaria de enero mostró una mejora del 5,6% en términos reales, el Gobierno optó por ralentizar la reducción de subsidios y aplicar ajustes menos severos, de modo de no generar un golpe negativo a la economía antes de las elecciones legislativas de medio término.
El ajuste de subsidios energéticos, previsto para los próximos meses, también ha desatado controversias dentro del sector energético. Para el primer semestre de 2025, se esperan incrementos moderados de entre el 1,5% y el 1,6% en las tarifas de gas y luz, con subas que se irán incrementando paulatinamente en los meses siguientes. De acuerdo con las estimaciones de la consultora Economía & Energía, los subsidios a la energía en 2024 experimentaron una caída del 35,5%, alcanzando los 6.252 millones de dólares, lo que representa un 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra refleja la menor proporción de subsidios en relación al PIB en los últimos 15 años. En paralelo, el Gobierno continúa con la revisión de tarifas en el gas, a través de una audiencia pública que definiría aumentos adicionales a corto plazo.
Mientras tanto, las distribuidoras de gas buscan aprobar una serie de inversiones por un total de 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que permitiría mejoras en la calidad del servicio y nuevas inversiones en infraestructura. Sin embargo, las empresas del sector solicitaron incrementos de ingresos que rondan entre el 45% y el 57%, lo cual impactaría directamente en las boletas de los consumidores, aunque el Gobierno ya ha anticipado que no permitirá tales aumentos, alineándose con su estrategia de mantener bajo control los costos energéticos en un año políticamente sensible.
