A pocos días de finalizar el año, la Corte Suprema sorprendió con un fallo que sacudió el mundo judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de tratarse de una resolución más, la sentencia en el caso “Levinas” puso sobre la mesa un debate que lleva más de tres décadas: el traspaso definitivo de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión no solo impacta a jueces y empleados judiciales, sino también a abogados que litigan diariamente en los distintos fueros nacionales.
El fallo surge en el marco de un conflicto civil relacionado con la propiedad de obras del pintor León Ferrari, que enfrenta a sus herederos con el periodista Gabriel Levinas. La Corte aprovechó este caso para establecer un nuevo criterio procesal: a partir de ahora, antes de llegar a la Corte Suprema, las causas en trámite ante los fueros nacionales en lo civil, comercial, laboral y penal deberán pasar por la revisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. “Según el fallo ‘Levinas’, ya no se puede acceder a la Corte desde las Cámaras de Apelaciones nacionales sino que, antes, debe intervenir el TSJ porteño”, señala uno de los abogados del caso.
Esta decisión generó un fuerte revuelo por varias razones. En primer lugar, las normas procesales actuales no contemplan la intervención del TSJ de la Ciudad en causas nacionales, lo que ha generado incertidumbre tanto en jueces como en abogados sobre cómo proceder en cada caso. Los jueces objetan que un tribunal ajeno a su jurisdicción los revise, mientras que los abogados advierten que agregar una instancia más puede dilatar los procesos judiciales. Además, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte la suspensión del fallo, argumentando que la normativa vigente limita la intervención del Ministerio Público de la Nación ante el TSJ de la Ciudad.
A todo esto se suma un factor político e institucional. La resolución fue tomada con una mayoría ajustada de tres votos sobre cuatro, y uno de los magistrados que formó parte de la mayoría, el juez Maqueda, ya no integra el tribunal. “Si no se cubre la vacante en la Corte, el criterio podría cambiar si el juez que reemplace a Maqueda tiene una visión distinta”, advirtió una fuente judicial.
El fallo “Levinas” dejó en claro que su aplicación regirá para el futuro, buscando evitar caos en el presente. Sin embargo, la incertidumbre ya está instalada. Distintos integrantes de las Cámaras de Apelaciones han anticipado reuniones para definir estrategias de resistencia al nuevo criterio. Mientras tanto, las asociaciones de magistrados y colegios de abogados evalúan presentar pedidos de diálogo o negociación para encontrar una salida ordenada a esta nueva realidad. Lo que todos reclaman es certeza. La pronta definición permitirá devolver a la justicia su función esencial: resolver conflictos y no perpetuarlos en el marco de la incertidumbre.
