La reciente designación de Santiago Castro Videla como Procurador del Tesoro ha generado controversia debido a sus vínculos profesionales con el estudio jurídico que colaboró en el juicio contra YPF, donde el Estado argentino enfrenta una demanda millonaria del fondo Burford. Castro Videla es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien declaró como experto para Burford Capital en el juicio llevado adelante en Nueva York, el mayor litigio en la historia del país, con un reclamo de 16.000 millones de dólares.
El juicio aún no ha finalizado, ya que el fondo buitre busca embargos contra activos argentinos para cobrar el fallo a su favor. Ahora, Castro Videla deberá representar al Estado en su nuevo rol. Según fuentes judiciales, el hecho de que sea socio de Bianchi “no lo inhabilita para asumir el cargo, pero lo obligará a abstenerse de intervenir en ese juicio específico”. A pesar de esta aclaración, desde diversos sectores se señala la necesidad de evaluar posibles conflictos de intereses y consultar a la Oficina Anticorrupción.
El nombramiento también ha sido motivo de opiniones divididas entre dirigentes políticos y expertos. La ex titular de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, subrayó que “si bien Castro Videla y De la Cruz tienen buena reputación, sus vínculos con los demandantes generan un claro conflicto de intereses”. Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay respaldó la designación y afirmó que “Castro Videla será un gran Procurador por su calidad ética y técnica”. En tanto, el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, celebró la decisión y destacó sus valores personales y profesionalismo.
En redes sociales, Castro Videla agradeció al presidente Javier Milei por la designación y expresó su compromiso con el nuevo cargo: “Trabajaré incansablemente para, con esfuerzo y la ayuda de Dios, cumplir con responsabilidad esa función tan importante para la Nación”. Mientras tanto, el debate sobre su rol y las implicancias de sus antecedentes continúa abierto, en un contexto en el que el manejo del juicio por YPF sigue siendo un tema central para la agenda judicial y política argentina.
