La defensora oficial de Marcelo D’Alessio, Verónica Blanco, solicitó la extracción de testimonios para investigar las manipulaciones en el celular del falso abogado durante su juicio por extorsión e intento de espionaje ilegal. El pedido, realizado en diciembre de 2024, se basa en un nuevo peritaje del teléfono de D’Alessio, que reveló que en febrero de 2015 se realizaron siete accesos manuales al dispositivo sin orden judicial. Uno de estos accesos se relaciona con la búsqueda de mensajes de WhatsApp entre D’Alessio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según Blanco, estas acciones no fueron parte del peritaje inicial realizado por la Prefectura y podrían tener implicancias graves en el desarrollo del caso.
El juicio contra D’Alessio, acusado de extorsión y espionaje ilegal, se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), compuesto por los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli. El fiscal Ricardo Colombo solicitó una pena de 15 años de prisión para el acusado, mientras que la defensa argumenta la falta de pruebas y la existencia de una causa “armada” en el juzgado de Dolores, liderado por el entonces juez Alejo Ramos Padilla. En este contexto, Blanco recordó que D’Alessio había entregado la clave de su celular bajo ciertas condiciones, en lo que ella considera una violación a los derechos del imputado. La abogada también denunció que el celular fue manipulado en el juzgado de Dolores, sin testigos y fuera de los horarios establecidos, lo que violó la cadena de custodia.
Además, Blanco señaló que en los días posteriores a la apertura del celular, el dispositivo fue manipulado de manera sospechosa, con múltiples acciones realizadas sin la debida autorización. Resaltó, entre otras anomalías, que el celular fue conectado a un dispositivo Bluetooth a las 23:54, un acceso no autorizado. Asimismo, mencionó que no se siguieron los procedimientos legales, como la orden de traslado de D’Alessio a la sede de la Prefectura Nacional. Blanco también criticó la detención de dos ex policías, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, bajo la acusación de “crear una asociación ilícita” junto con D’Alessio, una maniobra que ella considera destinada a causar mayor impacto mediático. Como parte de la estrategia de defensa, la abogada solicitó que se investiguen las responsabilidades de diversas personas, incluidos el abogado Franco Bindi y el juez Ramos Padilla, a quienes acusó de manipular el proceso judicial.
