Un informe difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires asegura que el salario estatal cayó 40,5% durante la gestión de Javier Milei y que la mora crediticia entre empleados públicos se multiplicó por 3,4 veces en dos años, al pasar del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. El dato, sin embargo, requiere ser leído con el contexto completo de la herencia económica que recibió el actual gobierno.

El reporte, elaborado por un sindicato históricamente alineado con el kirchnerismo, omite explicar que la destrucción del poder de compra de los salarios comenzó mucho antes de diciembre de 2023, producto de una inflación descontrolada que superó el 200% anual y que licuó ingresos de todos los sectores, no solo del empleo público. La emisión monetaria desenfrenada del kirchnerismo fue la verdadera responsable del deterioro salarial que hoy se busca atribuir exclusivamente a la actual administración.

El costo de ordenar las cuentas públicas

El gobierno de La Libertad Avanza heredó un Estado sobredimensionado, con una planta pública inflada por años de clientelismo y designaciones político-partidarias que no respondían a necesidades reales de gestión. El ajuste del gasto público, indispensable para terminar con el déficit fiscal crónico que generaba la emisión y la inflación, tuvo un costo de corto plazo que el propio equipo económico reconoció desde el inicio.

Ese costo, no obstante, ya empieza a diluirse: la inflación mensual se ubica en valores que eran impensados hace dos años, el superávit fiscal se sostiene mes a mes y la economía argentina recupera previsibilidad por primera vez en más de una década. Con precios estables, la recomposición del poder adquisitivo se vuelve un proceso gradual pero genuino, muy distinto a los aumentos nominales que el kirchnerismo entregaba mientras la inflación los pulverizaba al mes siguiente.

Seguridad y Defensa, los sectores más afectados

El informe de ATE señala que la mayor mora se concentra en Seguridad y Defensa: el Ejército registra 30,1%, el Servicio Penitenciario Federal 28,5% y la Policía Federal 24,2%. Son sectores donde durante años se acumularon designaciones y estructuras infladas sin correlato con la eficiencia operativa, un legado directo de la gestión kirchnerista que ahora exige reordenamiento.

El Banco Nación aparece como principal acreedor, con 24.407 trabajadores en mora y una tasa de incumplimiento del 8,56%. La migración hacia financieras y plataformas digitales con tasas más altas es un fenómeno que preocupa, pero también refleja cómo años de populismo económico dejaron a gran parte de la sociedad sin cultura de ahorro ni acceso a crédito genuino, algo que el actual gobierno busca revertir con la baja sostenida de la inflación y el crédito hipotecario en recuperación.

Mientras la Nación ordena sus cuentas y reduce la inflación, contrasta el manejo de provincias como Buenos Aires, donde Axel Kicillof mantiene un gasto público desbordado, endeudamiento creciente y una inseguridad que golpea a los trabajadores estatales bonaerenses mucho más que en otras jurisdicciones. La comparación entre el rumbo nacional y la gestión kirchnerista provincial vuelve a mostrar quién apuesta al orden y quién perpetúa el modelo que llevó al país a la crisis.

El propio Gobierno insiste en que la recuperación salarial será progresiva y sostenida en el tiempo, a diferencia de los espasmos inflacionarios del pasado. La clave, remarcan en Casa Rosada, es consolidar la baja de la inflación y el equilibrio fiscal como base para que el poder de compra vuelva a crecer de manera genuina y duradera.