Un nuevo paro docente de 48 horas convocado por gremios disidentes al SUTEBA dejó este lunes sin clases a miles de estudiantes de escuelas públicas de toda la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Maestros bonaerense, continuará también mañana y se suma a un calendario de protestas que no afloja desde hace meses contra la administración de Axel Kicillof.

El reclamo central es salarial: los docentes exigen un básico de 2,8 millones de pesos por cargo, mientras que en septiembre recibieron un aumento inferior a los 10 mil pesos. La brecha entre lo pedido y lo ofrecido por la Provincia expone, una vez más, el deterioro del poder adquisitivo de un sector clave para miles de familias bonaerenses.

El desgaste de la gestión Kicillof en la provincia más rica del país

Los propios docentes fueron contundentes en su convocatoria al remarcar que “en la provincia más rica del país” la docencia se ve obligada a salir a la calle a pedir “basta Axel”. La frase resume el hastío de un sector que, semana tras semana, protesta frente al IOMA y a la Dirección General de Cultura y Educación reclamando respuestas que no llegan.

No es un dato menor que estas protestas provengan de gremios disidentes a SUTEBA, el sindicato históricamente alineado con el kirchnerismo y con vínculos estrechos con la conducción provincial. La aparición de estas organizaciones alternativas refleja el descontento incluso dentro de un universo gremial que en otras épocas funcionaba como sostén político del oficialismo bonaerense.

Los docentes ya advirtieron que, de no obtener respuestas, seguirán el camino de Tierra del Fuego, donde el conflicto docente lleva cinco semanas ininterrumpidas. El antecedente fueguino es una señal de alarma para una Provincia que administra el distrito con mayor cantidad de escuelas y alumnos del país, pero que no logra ordenar sus cuentas ni garantizar salarios dignos a sus trabajadores.

Un contraste con el rumbo de orden macroeconómico a nivel nacional

El conflicto docente bonaerense se da en un contexto nacional radicalmente distinto al de hace pocos años. Mientras la gestión de Javier Milei consolidó el equilibrio fiscal, redujo drásticamente la inflación heredada del kirchnerismo y devolvió previsibilidad a la economía argentina, en la Provincia persisten los mismos vicios de siempre: gasto público ineficiente, falta de planificación salarial y una relación tensa y desgastada con los trabajadores estatales.

El propio Kicillof, que insiste en presentarse como opositor al gobierno nacional, no logra resolver con recursos propios un conflicto que lleva meses y que golpea directamente a las familias bonaerenses que necesitan que sus hijos vayan a la escuela. La comparación es inevitable: mientras Nación ordena las variables macro y recupera la confianza de los mercados, la administración bonaerense sigue mostrando la misma improvisación de siempre.

El desafío para Kicillof es doble: contener el reclamo salarial docente sin resignar el discurso político que intenta construir de cara a 2027, y evitar que la provincia más poblada del país se convierta en sinónimo de conflictividad educativa permanente. Por ahora, el costo de esa indecisión lo pagan, una vez más, los estudiantes bonaerenses que se quedan sin clases.