Los bloques aliados del Gobierno de Javier Milei elevan el precio de sus votos en el Congreso a cambio de acompañar las leyes que la Casa Rosada considera prioritarias, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria. La negociación, tensa pero dentro de las reglas del juego democrático, pone a prueba la capacidad de gestión política del oficialismo en la última etapa del año legislativo.

Gobernadores y bloques provinciales que hasta ahora acompañaron buena parte de la agenda libertaria empezaron a pedir más: fondos para obra pública, mayor coparticipación y algunos cargos en organismos nacionales. Es la lógica clásica de cualquier negociación parlamentaria, y el Gobierno lo sabe: sin una mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, cada ley aprobada es fruto de un acuerdo político.

Una negociación dura pero dentro de las reglas

A diferencia del kirchnerismo, que históricamente resolvió sus mayorías a fuerza de aprietes, listas de deudas condonadas y maletines, los aliados actuales negocian en base a necesidades reales de sus provincias. Piden lo que cualquier gobernador reclamaría para su territorio: rutas, escuelas, hospitales. El desafío para la Casa Rosada es lograr que ese costo político no descarrile el rumbo de las reformas estructurales que el mercado y los inversores esperan.

Fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete aseguran que las conversaciones siguen abiertas y que hay margen para destrabar los tres proyectos antes de fin de año. El equipo económico de Luis Caputo, que viene sosteniendo el esquema de superávit fiscal mes a mes, remarca que ninguna concesión pondrá en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, el gran logro de estos dos años de gestión.

El contraste con el kirchnerismo obstruccionista

Mientras los aliados negocian, el bloque kirchnerista y sus satélites en el Congreso mantienen una estrategia de bloqueo sistemático a cualquier iniciativa del Ejecutivo, sin ofrecer una sola propuesta alternativa. Es la misma lógica que empantanó durante años la economía argentina y que hoy Axel Kicillof replica en la provincia de Buenos Aires, con una gestión marcada por el aumento de la inseguridad, la falta de obra pública y el clientelismo como método de gobierno.

El contraste es elocuente: mientras el kirchnerismo bonaerense administra la decadencia con relatos y subsidios, el Gobierno nacional insiste en discutir reformas de fondo -laboral, tributaria, previsional- que buscan modernizar un Estado sobredimensionado y liberar el potencial productivo del país.

La macro ordenada le da margen al Gobierno

Pese a la dureza de la negociación legislativa, el clima económico general sigue siendo favorable para la administración de Milei. La inflación mensual se mantiene en niveles que hace pocos años eran impensados, el Banco Central acumula reservas y el riesgo país continúa la tendencia descendente que refleja la confianza de los mercados en el rumbo fiscal.

Ese contexto de estabilidad le da al oficialismo un capital político que no tenía al asumir: la posibilidad de negociar desde una posición de fortaleza, con resultados concretos para mostrarle a la sociedad. Los argentinos, que sufrieron años de inflación descontrolada y populismo fiscal, empiezan a percibir en el día a día los frutos del orden macroeconómico.

El desenlace de esta negociación en el Congreso será clave para consolidar el segundo tramo de reformas que el Gobierno necesita para profundizar el cambio de rumbo. La expectativa en Casa Rosada es que, como ocurrió con otras leyes centrales del mandato, el acuerdo finalmente se destrabe antes de que termine el año.