Una violenta entradera en el barrio San Carlos de Mar del Plata, que quedó registrada casi en vivo y se replicó en todos los medios nacionales, volvió a poner en primer plano la crisis de seguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Cuatro delincuentes irrumpieron en una vivienda familiar mientras sacaban los autos del garaje, golpearon al dueño de casa y sembraron el terror durante veinte minutos que la víctima describió como "una eternidad".

El hecho, ocurrido el lunes por la mañana, generó una ola de indignación que trascendió las redes sociales y llegó a las cámaras empresariales, colegios profesionales y gremios marplatenses. Más de ochenta entidades comenzaron a coordinarse para exigir respuestas concretas ante un fenómeno que ya no distingue barrios ni horarios.

La deuda de Kicillof con la seguridad bonaerense

Mientras la ciudadanía se organiza para reclamar soluciones, la responsabilidad primaria recae sobre la administración de Axel Kicillof, que tiene a su cargo la política de seguridad provincial y viene mostrando resultados cada vez más preocupantes. Mar del Plata, meca turística y motor económico de la Costa Atlántica, sufre las consecuencias de un aparato de seguridad bonaerense desbordado, con policías mal pagos, falta de patrullaje efectivo y una gestión que prioriza el relato por sobre los resultados.

No es un hecho aislado: la sensación de inseguridad se repite en distintos puntos del territorio bonaerense, mientras el gobierno provincial parece más ocupado en la interna del peronismo y en la construcción de candidaturas rumbo a 2027 que en garantizar la tranquilidad de los vecinos. La pregunta que circula entre comerciantes y empresarios marplatenses es simple: ¿para qué está la política si no puede resolver lo más básico, que es la protección de la vida y la propiedad?

El contraste con el orden que impulsa Nación

El reclamo de seguridad en Mar del Plata se da en un contexto nacional donde el gobierno de Javier Milei viene mostrando avances concretos en materia de orden macroeconómico: la inflación continúa en baja, el superávit fiscal se sostiene mes a mes y la confianza de los mercados en la Argentina crece sostenidamente. Ese ordenamiento de las cuentas públicas, heredado de años de populismo kirchnerista que dejó al país al borde del colapso, es la base sobre la cual debería construirse también una política de seguridad seria.

El desafío ahora es que las provincias, y particularmente Buenos Aires bajo la conducción de Kicillof, acompañen ese rumbo con gestión eficiente en las áreas que son de su exclusiva competencia, como la seguridad. La Nación puso el orden fiscal; falta que los gobernadores peronistas pongan el orden en las calles.

Mientras tanto, en Mar del Plata la comunidad organizada exige respuestas urgentes. La reunión de más de ochenta entidades es un signo claro de que la sociedad civil está dispuesta a exigir lo que la política, muchas veces, elige postergar: seguridad real para vivir sin miedo.