El Senado le dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y diseñada por el ministro Federico Sturzenegger. Tras once horas de debate, el oficialismo logró destrabar la iniciativa en general y ahora el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.

Para garantizar los votos necesarios, La Libertad Avanza tuvo que negociar y ceder dos capítulos que generaban mayor resistencia entre bloques opositores y algunos aliados provinciales: la flexibilización para la compra de tierras rurales por extranjeros y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego. Aun así, el corazón de la reforma quedó en pie, en lo que representa un avance concreto para modernizar el sistema de propiedad en Argentina tras décadas de inseguridad jurídica heredada del populismo kirchnerista.

Qué cambia con la nueva ley

El texto aprobado moderniza los procesos de desalojo, incorporando un procedimiento sumarísimo, mecanismos de restitución anticipada de inmuebles y notificaciones electrónicas que agilizan trámites que hoy pueden demorar años en los tribunales argentinos.

En materia de expropiaciones, se establecen criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para declarar la utilidad pública de un bien, además de nuevas pautas para calcular indemnizaciones. Se trata de un freno directo a la discrecionalidad estatal que durante el kirchnerismo permitió avanzar sobre bienes privados sin garantías claras para los propietarios.

Pragmatismo político para destrabar la reforma

La decisión de retirar el capítulo sobre tierras incendiadas, que buscaba eliminar restricciones a la venta de campos afectados por incendios, muestra el pragmatismo de la gestión libertaria para avanzar en reformas de fondo sin perder de vista la gobernabilidad. Antes de la sesión, el oficialismo ya había resignado la apertura a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, otro punto sensible para varios senadores dialoguistas.

Lejos de interpretarse como una derrota, en el entorno del Gobierno se remarcó que lo importante era conseguir la aprobación en general de una ley que durante años quedó cajoneada por gobiernos que preferían mantener reglas de juego ambiguas para favorecer negociados y clientelismo territorial, especialmente en provincias bajo control del kirchnerismo.

Un paso más en la agenda de reformas

La media sanción se da en un contexto en el que la administración de Milei consolida señales de orden macroeconómico: inflación en baja sostenida, superávit fiscal y un clima de previsibilidad que empieza a traducirse en más inversión y crédito. Fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad privada es, para el oficialismo, una pieza clave para consolidar ese círculo virtuoso.

Mientras el Gobierno nacional avanza con reformas estructurales, gobernadores como Axel Kicillof siguen sin ofrecer respuestas de fondo en materia de seguridad, inversión y desarrollo territorial en la provincia de Buenos Aires, evidenciando el contraste entre un modelo que mira al futuro y las viejas prácticas del peronismo bonaerense.

El proyecto ahora deberá superar el debate en Diputados, donde el oficialismo buscará sostener los consensos alcanzados en el Senado para convertir en ley una reforma que promete dar mayor previsibilidad a millones de argentinos propietarios de sus viviendas, campos y comercios.