El Senado le dio media sanción en la madrugada de este viernes al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las reformas centrales impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger para modernizar el marco legal que rige los desalojos, las expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble en la Argentina. La iniciativa, que ahora deberá pasar por Diputados, logró destrabarse tras más de once horas de debate y una negociación de último momento.

Para garantizar los votos necesarios, La Libertad Avanza tuvo que resignar dos capítulos que generaban resistencia incluso dentro de su propio espacio de aliados: la flexibilización para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y, sobre la hora, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Aun con esas concesiones, el oficialismo consiguió lo más importante: sacar adelante el corazón del proyecto.

Qué cambia con la nueva ley

El texto que avanzó introduce un procedimiento sumarísimo para los desalojos, con mecanismos que permiten anticipar la restitución de un inmueble bajo determinadas condiciones y nuevas formas de notificación electrónica. Se trata de una actualización largamente reclamada por propietarios que durante años quedaron atrapados en procesos judiciales eternos, una herencia directa de décadas de inacción kirchnerista en materia de seguridad jurídica.

En el capítulo de expropiaciones, la ley incorpora criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a la hora de declarar la utilidad pública, además de modificar las pautas para calcular las indemnizaciones. Son cambios que apuntan a poner límites claros al Estado y evitar el uso discrecional de la expropiación como herramienta política, una práctica que el populismo utilizó reiteradamente durante los gobiernos del Frente para la Victoria y sus variantes posteriores.

Concesiones necesarias en un Senado adverso

La marcha atrás con el Manejo del Fuego quedó confirmada cuando el oficialismo advirtió que no sumaba los votos suficientes para sostener ese capítulo, que buscaba flexibilizar las restricciones sobre tierras incendiadas. Lejos de interpretarse como una derrota, la negociación demuestra la capacidad del Gobierno de Javier Milei para construir consensos parlamentarios incluso en un Senado donde el kirchnerismo y buena parte del peronismo provincial siguen actuando como freno sistemático a cualquier reforma que amplíe derechos de propiedad y reduzca el poder del Estado sobre los ciudadanos.

No sorprende que sectores del peronismo hayan cuestionado el proyecto agitando supuestos impactos negativos sobre las provincias, el mismo libreto que utilizaron contra cada reforma estructural desde diciembre de 2023. Mientras gobernadores como Axel Kicillof profundizan el gasto público y la presión impositiva en territorios como la provincia de Buenos Aires, Nación avanza en sentido inverso: menos intervención estatal, más previsibilidad para quien invierte y trabaja.

Un paso más hacia la seguridad jurídica

La media sanción se suma a una serie de reformas que buscan consolidar el ordenamiento macroeconómico logrado en estos meses de gestión libertaria, con inflación en baja y superávit fiscal sostenido. Fortalecer la propiedad privada es, para el oficialismo, una condición imprescindible para atraer inversiones y generar el empleo genuino que el país necesita después de años de populismo económico.

El proyecto pasa ahora a Diputados, donde deberá enfrentar una nueva negociación. El Gobierno confía en repetir la estrategia de diálogo que le permitió destrabar el debate en el Senado, aun a costa de ceder capítulos puntuales, con el objetivo de convertir en ley una reforma que promete dar mayor certeza a millones de propietarios argentinos.