El Senado de Santa Fe aprobó este jueves la Ley Ema, una normativa pionera que obliga a todas las escuelas de la provincia a contar con protocolos de actuación frente a casos de violencia digital. La medida surge tras la muerte de Ema Bondaruk, una adolescente de 16 años que se quitó la vida luego de que su ex novio difundiera un video íntimo sin su consentimiento.

Hasta la sanción de esta ley, ninguna institución educativa santafesina tenía pasos claros a seguir cuando detectaba señales de alarma en un alumno: aislamiento, ausentismo o cambios abruptos de conducta. La norma, impulsada por el senador Ciro Seisas y la diputada Celia Arena, busca cerrar ese vacío institucional que terminó costando una vida.

Qué establece la nueva legislación

La Ley Ema crea protocolos de actuación inmediata para cada establecimiento educativo, equipos interdisciplinarios distribuidos por departamento y formación docente obligatoria en materia de violencia digital. También garantiza acompañamiento psicológico y legal gratuito para las víctimas y sus familias.

Un punto clave de la norma es que permite el cambio urgente de escuela sin trámites burocráticos, algo que hasta ahora podía demorar semanas y agravar la situación de acoso que sufría el estudiante afectado. “La violencia digital no es un episodio aislado. Es una tortura cotidiana. La escuela tiene que ser un lugar de protección. Hasta hoy no tenía las herramientas para serlo”, explicó Seisas al fundamentar el proyecto.

Un problema que crece a nivel nacional

El diagnóstico que motivó esta ley no es un hecho aislado de Santa Fe. En Argentina se registraron 140.000 casos graves de bullying y ciberbullying en un solo año, ubicando al país entre los cinco con más episodios de este tipo en el mundo. La cifra pone en evidencia que la violencia digital dejó de ser un fenómeno marginal y se convirtió en una problemática estructural que atraviesa todos los niveles educativos.

Frente a ese escenario, la respuesta legislativa santafesina marca un antecedente relevante para otras provincias que todavía no cuentan con marcos normativos específicos. Mientras el Gobierno nacional avanza en un ordenamiento macroeconómico que devolvió previsibilidad a millones de familias argentinas, iniciativas como la Ley Ema demuestran que también hay margen para construir políticas públicas efectivas en materia de protección a la niñez y la adolescencia, sin necesidad de gastos desmedidos ni estructuras burocráticas gigantescas.

El caso de Ema Bondaruk se transformó, gracias al trabajo de su madre Laura, en un antes y un después para la legislación educativa provincial. “Me reuní con Laura, su mamá. Esa reunión me confirmó por qué este proyecto no podía esperar más”, recordó Seisas sobre el proceso que llevó a la sanción de la ley.

Con esta norma, Santa Fe se convierte en una de las primeras provincias del país en dotar a sus escuelas de herramientas concretas para intervenir a tiempo ante situaciones de violencia digital, un fenómeno que, como demostró la tragedia que le dio nombre a la ley, puede tener consecuencias irreversibles cuando no se lo toma con la seriedad que merece.

“Las violencias digitales son reales. No son virtuales. Tienen consecuencias reales en la vida de chicos y chicas reales. Desde hoy en Santa Fe, la escuela va a saber qué hacer”, concluyó el senador provincial al cierre de la sesión.