El decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, puso fin a los aportes obligatorios que las empresas debían pagar a las cámaras patronales, una medida que impacta especialmente en el sector del Comercio. A partir de ahora, la contribución mensual destinada a la capacitación de trabajadores será voluntaria, eliminando una cuota que regía desde 2008 y que representaba unos $5.600 millones mensuales para el Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (INACAP).

La contribución, establecida en el marco del convenio mercantil, equivalía al 0,50% del salario de la categoría Maestranza “A” inicial y se incrementaba con cada paritaria. “No hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)”, señalaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que venían reclamando la eliminación de la obligatoriedad. “Este tipo de contribuciones solo encarecen los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleador”, sostuvieron desde la cámara. Para el sector mayorista, que emplea a 10.000 personas, la medida significará un ahorro de aproximadamente $47 millones por mes.

La decisión del Gobierno generó fuertes repercusiones y llevó a la Confederación Federal Pyme Argentina a solicitar la intervención de CAME por la administración de estos fondos. “Ya hay denuncias ante el Gobierno para que se investigue qué se hizo con estos fondos, ya que, por ejemplo, CAME inauguró un showroom en Brasil, y queremos saber si se utilizaron los fondos que debían ir para capacitación”, expresó su presidente, Mauro González. También se plantearon dudas sobre la representación real de las cámaras que recibían estos aportes, denunciando la existencia de una “ingeniería de sellos de goma” que presuntamente canalizaban fondos sin un respaldo empresarial genuino. “La falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del INACAP es más que notable”, advirtió González, y remarcó que los empresarios no tienen acceso público a la información sobre el destino de los fondos.

El estatuto de CAME establece que su dirección y administración deben estar a cargo de un Consejo Directivo con 90 consejeros titulares, aunque algunos cuestionan la representatividad de la entidad. En este sentido, González señaló que, pese a contar con más de 1.400 socios, la influencia de ciertas cámaras provinciales en la gestión de los recursos es “llamativamente desproporcionada”. Con la eliminación del aporte obligatorio, el debate sobre el manejo de estos fondos y la transparencia en su administración queda ahora en el centro de la escena.