En una resolución judicial que abarca más de 180 páginas, el juez federal Julián Ercolini procesó al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, tras la denuncia penal presentada por Fabiola Yañez. El magistrado halló pruebas suficientes para acusar al exmandatario de dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, todas las cuales fueron agravadas por el vínculo con la víctima, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. Estos delitos, según la legislación vigente, conllevan una pena de prisión que va de los 3 a los 18 años. Además, el juez levantó la prohibición de salida del país impuesta a Fernández, aunque estableció que debía informar sobre sus desplazamientos y mantener un contacto constante con la justicia, mientras se mantiene la prohibición de acercamiento a Yañez en un radio de 500 metros.
La investigación, respaldada por la fiscalía que dirige Ramiro González, sostiene que la relación entre Fernández y Yañez estuvo marcada por una “violencia de género habitual”, caracterizada principalmente por maltratos psicológicos. Según la resolución, desde al menos 2016, el ex presidente se aprovechó de la vulnerabilidad de su pareja, sometiéndola a situaciones de acoso, hostigamiento y abusos emocionales. Además, el magistrado explicó que la violencia física fue recurrente, aunque Fernández ha intentado desmentir estas acusaciones, alegando que él fue la víctima de agresiones por parte de Yañez. En su declaración indagatoria, el expresidente defendió su postura, argumentando que nunca limitó la libertad de la ex primera dama y que, en momentos de embriaguez, fue ella quien lo atacaba físicamente.
El juez Ercolini también refutó la defensa de Fernández al analizar los intercambios de mensajes de WhatsApp entre los involucrados. En dichos mensajes, Yañez le reclamaba al expresidente sobre las agresiones, mientras que Fernández nunca negó haber estado involucrado en los incidentes de violencia. Ercolini subrayó que, a pesar de los intentos de Fernández por minimizar la validez de los mensajes, la evidencia muestra que los leyó y respondió, sin contradecir los reclamos de su pareja. Este aspecto fue fundamental para determinar la responsabilidad del ex presidente en el caso, según los fundamentos de la resolución.
El contexto de poder asimétrico entre Fernández y Yañez, descrito en los expedientes, es central en la acusación. El juez destacó que, más allá de los roles y la carrera política de Fernández, existía una clara diferencia de poder en la relación, lo que facilitó el ejercicio de violencia por parte del ex presidente. A lo largo de la resolución, también se documentaron las pruebas presentadas por la querella y la defensa, que incluyen fotos, videos y testimonios que corroboran el relato de Yañez sobre el abuso sistemático. Los informes psicológicos y psiquiátricos de la víctima también contribuyeron a ilustrar el impacto de los hechos en su bienestar emocional. De acuerdo con la acusación, los abusos comenzaron desde los primeros años de la relación y continuaron hasta la formalización de la denuncia en 2024, evidenciando una conducta persistente de control, acoso y violencia.
