El líder piquetero Eduardo Belliboni está al borde de ser procesado por varios delitos, incluidos administración fraudulenta, amenazas y extorsión. Estos cargos están relacionados con su gestión en el programa social Potenciar Trabajo, donde, según las acusaciones, operó un esquema extorsivo que afectó a miles de personas vulnerables. El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento para elevar la causa a juicio oral, aunque también continúan las investigaciones sobre lavado de dinero y la implicación de funcionarios del gobierno anterior.
El dictamen de la fiscalía, que cuenta con 274 páginas, revela que Belliboni y otros dieciséis acusados ofrecieron la inclusión al programa Potenciar Trabajo a cambio de que los beneficiarios asistieran a marchas y movilizaciones organizadas por el Polo Obrero. Aquellos que se negaran a participar se enfrentaban a la amenaza de perder el subsidio, según los detalles del caso. En este contexto, la fiscalía describe una “compleja matriz delictiva” que explotó las necesidades de un sector social vulnerable para obtener beneficios ilícitos, tanto económicos como de poder, mediante la manipulación de los beneficiarios. De acuerdo con el informe, Belliboni lideraba una estructura que operaba a nivel nacional desde 2020 hasta marzo de 2024, y se acusa a la organización de obtener un lucro indebido y controlar a miles de personas a través de amenazas.
Además, la investigación destaca la utilización de fondos públicos que, en teoría, deberían haberse destinado a actividades formativas y de asistencia social para los más necesitados. Sin embargo, la justicia federal constató que esos recursos fueron desviados hacia fines privados, mediante el uso de facturas apócrifas que simulaban gastos vinculados a la implementación del programa. La fiscalía también apuntó a Emilio Pérsico, ex secretario de Economía Social, señalando que su connivencia con los acusados permitió que el esquema se desarrollara sin la debida fiscalización. A su vez, se investiga un posible circuito de lavado de dinero, con cooperativas y empresas actuando como “pantallas” para encubrir el origen de los fondos desviados.
En términos de extorsión, los acusados obligaron a los beneficiarios del plan a entregar parte del subsidio recibido del Estado y a participar en actividades políticas a cambio de no perder el acceso a los alimentos o la ayuda social. Según la fiscalía, el Polo Obrero controlaba a más de 65.000 beneficiarios hasta principios de 2024, y los acusados lograron obtener importantes sumas de dinero mediante la coacción de estos individuos, quienes, bajo amenaza, se veían forzados a ceder una parte de su ayuda social. Además, el informe precisa que, entre 2020 y 2023, el Polo Obrero y otras entidades recibieron millonarios subsidios, muchos de los cuales fueron desvirtuados mediante facturación falsa para ocultar el destino real de los fondos públicos. La magnitud de este fraude sigue siendo investigada, y se espera que el juicio oral brinde mayores detalles sobre cómo se operó esta estructura delictiva.
