El oficialismo avanzó en el Congreso con dos proyectos estratégicos que originalmente pertenecían a sectores opuestos de la política: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), impulsada desde 2015 por el peronismo, y la ley de Ficha Limpia, promovida por el PRO. Sin embargo, más que una convicción ideológica, el Gobierno convirtió ambas iniciativas en una moneda de cambio, utilizándolas para negociar con los bloques legislativos concesiones clave, como fondos para las provincias y apoyo en temas sensibles, entre ellos el Presupuesto 2025, el endeudamiento público y la vigencia de decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La votación en Diputados dejó en evidencia la falta de respaldo a las PASO: la suspensión del sistema electoral se aprobó con 162 votos de diversas bancadas. “El Gobierno usa la narrativa oficial de que salió porque ellos son muy populares, cuando en realidad fue porque todos están contra las PASO y, además, los díscolos cobraron por debajo de la mesa sumas que nunca sabremos”, señalaron fuentes legislativas. El sistema, impuesto en 2010 por el kirchnerismo con el objetivo de debilitar a la oposición, dejó de ser defendido incluso por quienes lo instauraron. La eliminación de las primarias significa, en la práctica, un retorno al esquema en el que las candidaturas se definen entre las cúpulas partidarias, restando poder a figuras emergentes que hasta ahora podían desafiar estructuras establecidas.
Mientras tanto, en el Senado, la interna oficialista y las alianzas con sectores opositores marcan el ritmo de la agenda parlamentaria. En un clima de tensión, el bloque peronista, que ahora cuenta con 34 bancas, intentará frenar las sesiones convocadas por la vicepresidenta Victoria Villarruel para avanzar con las modificaciones en las comisiones clave. En este contexto, el senador Juan Carlos Romero recuperará influencia en Asuntos Constitucionales y Justicia, reemplazando a legisladores desplazados. Paralelamente, la discusión sobre la ley de Ficha Limpia sigue abierta: el oficialismo logró consensuar un dictamen de mayoría, aunque con resistencias. “El bloque Encuentro Federal rechaza la cláusula que impide que un fallo judicial en año electoral inhiba a un candidato. Eso les daría a los jueces, creen, el poder de decidir quién es y quién no es candidato”, advirtieron desde la oposición.
Más allá de las disputas legislativas, la reconfiguración del mapa político ya dejó consecuencias: el peronismo recuperó el control de la obra pública, logrando que el Gobierno autorice el reparto de fondos a los gobernadores. “Vuelve, y tal como les interesa a los gobernadores: con la plata de Nación, y ellos con plenas facultades para decidir quién hace las obras, por cuánto, a quién se pagan y, principalmente, cuándo se pagan”, afirmaron dirigentes cercanos a la negociación. Mientras tanto, la estrategia del oficialismo se mantiene: consolidar su poder debilitando los mecanismos de participación política y legislativa, mientras navega la crisis económica sosteniéndose en encuestas de popularidad y en los dólares del sector medio. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el desenlace de estas maniobras políticas dependerá de las próximas jugadas en el tablero parlamentario.
