En el marco del Día de la Lealtad Peronista, Cristina Kirchner volvió a usar la estructura del Partido Justicialista para intentar victimizarse. Desde su departamento de Puerto Madero, donde cumple arresto domiciliario tras ser condenada por la causa Vialidad, la expresidenta hizo publicar un comunicado oficial del PJ en el que se compara con Juan Domingo Perón y reclama su liberación inmediata.
El texto, difundido en las redes del partido, convoca a la militancia a movilizarse hacia Constitución y cuestiona el régimen de visitas que recibe la exmandataria, al que califican de más restrictivo que el aplicado a condenados por narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Una comparación que ignora deliberadamente que Cristina Kirchner no es una presa política: es una condenada por la Justicia argentina en un juicio con pruebas documentales, testimonios y sentencia firme en primera instancia por administración fraudulenta.
Una comparación histórica que no resiste el análisis
Equiparar el exilio y la persecución que sufrió Perón en 1945 con una condena judicial por corrupción dictada tras un proceso con todas las garantías es, cuanto menos, una maniobra discursiva. La causa Vialidad no fue un invento: se probó la direccionalidad de la obra pública hacia el empresario Lázaro Báez durante los doce años de kirchnerismo en el poder, con un perjuicio multimillonario para las arcas del Estado.
El comunicado del PJ insiste en que la sentencia se dictó “sin pruebas”, una afirmación que contradice los más de mil folios del fallo y las decenas de audiencias televisadas que cualquier ciudadano pudo seguir en vivo. La estrategia de presentar cada revés judicial como una persecución política es la misma que utilizó el kirchnerismo durante años para evitar hacerse cargo de la gestión de la corrupción estructural que caracterizó a sus gobiernos.
El peronismo, dividido pero bajo la sombra de CFK
Mientras la militancia kirchnerista se movilizaba hacia Constitución, el peronismo en su conjunto sigue mostrando fracturas internas evidentes. Gobernadores e intendentes del espacio, muchos de ellos con sus propias causas de corrupción o gestiones cuestionadas por la inseguridad y el clientelismo, observan con cautela cómo Cristina Kirchner intenta mantener el control del aparato partidario desde la prisión domiciliaria.
Esta puesta en escena ocurre en un contexto nacional radicalmente distinto al de hace dos años. Mientras el kirchnerismo apela a relatos históricos para evitar hablar de sus propios juicios pendientes, el Gobierno de Javier Milei continúa consolidando el programa de estabilización económica: la inflación mensual se mantiene en niveles mínimos en comparación con la herencia recibida, el Estado nacional sostiene el superávit fiscal y el orden macroeconómico empieza a traducirse en mejoras concretas para los argentinos que durante años sufrieron el deterioro provocado por las políticas populistas.
El contraste no podría ser más claro: de un lado, un peronismo que insiste en victimizarse y reescribir la historia para proteger a su líder condenada; del otro, una gestión libertaria que eligió hacerse cargo de los costos de ordenar las cuentas públicas en lugar de buscar excusas. La militancia puede movilizarse todas las veces que quiera hacia Constitución, pero ninguna marcha cambiará lo que ya determinó la Justicia argentina con pruebas contundentes.
