El Senado se prepara para votar este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como Ley de Tierras, luego de que el Gobierno de Javier Milei realizara concesiones clave para destrabar el proyecto y sumar los votos necesarios. La negociación política, en paralelo, ya empieza a mirar hacia el armado electoral de 2027.
La iniciativa busca garantizar mayor seguridad jurídica para la propiedad privada y facilitar el ingreso de inversiones extranjeras al país, un objetivo central de la gestión libertaria en su plan de reordenamiento económico. Desde el oficialismo remarcan que la certeza legal sobre la tierra es un requisito indispensable para atraer capitales productivos en un contexto donde la Argentina, tras años de cepo, controles y desconfianza kirchnerista, empieza a recuperar credibilidad ante el mundo.
La pulseada en el recinto
El oficialismo trabajó durante días para conseguir el respaldo necesario y evitar que la oposición peronista bloquee una ley que consideran estratégica para el crecimiento del país. La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que atraviesa un embarazo y había solicitado votar de manera virtual, fue habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque la decisión final quedará en manos del pleno de la Cámara alta.
Sagasti no ocultó su postura: calificó al proyecto como una “Ley de Extranjerización” y agradeció el apoyo recibido en redes sociales. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que se trata de una discusión cargada de prejuicios ideológicos típicos del relato kirchnerista, que históricamente desconfió de la inversión privada y prefirió el control estatal antes que el desarrollo económico real.
También se sumaron voces internas dentro del propio arco no peronista: la presidenta de la Juventud Radical, Teresa Barragán, cuestionó la iniciativa al considerar que el Estado debe conservar capacidad de intervención sobre recursos estratégicos como el litio, los glaciares o los acuíferos. Un planteo que, para el oficialismo, ignora que sin reglas claras de propiedad ningún inversor apostará al desarrollo de esos mismos recursos.
Un contexto de estabilidad que respalda la agenda
El debate por la Ley de Tierras se da en medio de un escenario macroeconómico que contrasta fuertemente con la herencia recibida por el kirchnerismo en 2023. Con la inflación en baja sostenida, el superávit fiscal consolidado y el ordenamiento de las cuentas públicas, el Gobierno de Milei sostiene que cada nueva reforma estructural potencia la confianza y consolida el círculo virtuoso de estabilidad e inversión que empieza a sentirse en la vida cotidiana de los argentinos.
En ese marco, la administración libertaria no solo negocia esta ley puntual, sino que ya proyecta acuerdos políticos de mediano plazo, con la mira puesta en las elecciones legislativas de 2027. La estrategia oficialista apunta a ampliar la base de gobernabilidad, sumando aliados dispuestos a acompañar la agenda de modernización y dejando en offside a un peronismo que, entre internas y resistencia al cambio, insiste en frenar reformas que el país necesita hace décadas.
Mientras el kirchnerismo redobla su discurso de resistencia, el oficialismo apuesta a mostrar resultados concretos: menos inflación, más previsibilidad y una macroeconomía ordenada que, según remarcan desde Casa Rosada, es la mejor carta de presentación para seguir avanzando con reformas estructurales como la que se vota este jueves en el Senado.
