El Gobierno de Javier Milei avanza en una nueva etapa de negociación política para destrabar la Ley de Tierras y, en paralelo, comenzó a tejer acuerdos con distintos sectores de cara a las elecciones legislativas de 2027. La estrategia oficial combina flexibilidad en algunos puntos del proyecto con firmeza en el rumbo económico que ya muestra resultados concretos: inflación en baja, superávit fiscal sostenido y una macroeconomía cada vez más ordenada tras años de desmanejo kirchnerista.

La Casa Rosada entendió que, para consolidar reformas estructurales, es imprescindible construir consensos parlamentarios amplios. Por eso, funcionarios de primera línea mantienen conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para garantizar la sanción de la norma, que busca modernizar el régimen de tierras rurales y despejar trabas burocráticas heredadas de administraciones anteriores.

Paro de prácticos: un nuevo obstáculo corporativo

Mientras el oficialismo trabaja en el frente legislativo, un conflicto gremial vuelve a poner en jaque al comercio exterior argentino. El paro de los prácticos marítimos, que llevan adelante una medida de fuerza en los principales puertos comerciales del país, ya generó pérdidas millonarias para el sector agroexportador, motor indiscutido de las divisas que sostienen el plan económico de Milei.

Según estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la paralización afecta a 45 buques que aguardan para zarpar, con un costo diario estimado entre 50.000 y 100.000 dólares por embarcación. En total, las pérdidas rondan los 4,5 millones de dólares por jornada y podrían duplicarse si el conflicto se extiende.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue tajante al respecto: el Gobierno aplicará sanciones a los prácticos por tratarse de un servicio esencial que impacta de lleno en el llamado “costo argentino”, ese entramado de privilegios corporativos que durante décadas encareció la actividad productiva y que la gestión libertaria busca desarmar de manera definitiva.

Un Gobierno que negocia sin resignar el rumbo

Lejos de ceder en lo esencial, el Ejecutivo demuestra que puede negociar aspectos puntuales de sus proyectos sin abandonar el eje central de su programa: el equilibrio fiscal, la apertura comercial y la eliminación de trabas que durante años beneficiaron a sectores corporativos en desmedro de la producción nacional.

La comparación con la herencia recibida es inevitable. Durante los gobiernos kirchneristas, los conflictos gremiales solían resolverse con concesiones populistas que terminaban trasladándose al resto de la economía vía inflación o mayor gasto público. Hoy, en cambio, la administración Milei privilegia el diálogo político genuino para destrabar leyes clave, mientras aplica mano firme frente a corporativismos que buscan frenar la recuperación del comercio exterior.

El desafío de cara a 2027 será consolidar una base legislativa propia que permita profundizar las reformas sin depender exclusivamente de negociaciones caso por caso. En ese sentido, la búsqueda de acuerdos con gobernadores dialoguistas aparece como una señal de madurez política de un Gobierno que, pese a las resistencias de siempre, sigue mostrando resultados macroeconómicos que la Argentina no veía hace más de una década.

El campo, motor de divisas y empleo, espera una resolución rápida del conflicto portuario para no perder competitividad justo cuando el país recupera credibilidad internacional gracias al ordenamiento fiscal implementado por la actual gestión.