El fiscal general Mario Villar sorprendió este lunes en la audiencia ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal al cambiar el criterio respecto al arresto domiciliario concedido a Cristina Kirchner. Mientras que sus colegas de instancias previas habían solicitado que la expresidenta cumpla su condena de seis años en una cárcel común por el caso Vialidad, Villar se pronunció a favor de mantenerla bajo arresto domiciliario, aunque planteó la necesidad de trasladar su residencia a un nuevo domicilio. El fiscal expuso sus argumentos frente a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, distanciándose del planteo realizado por Diego Luciani, fiscal del juicio.
Villar explicó que la presencia de Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111 ha generado una “alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos”, y señaló que dicha situación “supone una exposición a riesgos para su persona”, especialmente en sus salidas al balcón, por lo que consideró lógico que cumpla la condena en otro domicilio que reduzca estos perjuicios. El fiscal destacó que “las manifestaciones o demostraciones públicas no pueden censurarse o prohibirse per se, ya que están amparadas por la libertad de expresión de la condenada y sus seguidores, siempre que no se cometan delitos imputables a ella”. Además, recordó que “la condenada ya goza del beneficio de prisión domiciliaria sin que hasta ahora se haya verificado incumplimiento de las reglas impuestas”, por lo que desaconsejó un traslado a prisión común: “creo desaconsejable imponer un cambio que reduzca el desarrollo personal y el proyecto de vida de la condenada”.
En otro punto clave, Villar se refirió a las restricciones que rigen sobre las visitas que puede recibir Cristina Kirchner en su domicilio. El fiscal sostuvo que la confección de una lista de personas autorizadas para ingresar “no afecta ningún derecho, sino que forma parte del deber del juez de controlar la ejecución de la sentencia”. Rechazó la acusación del abogado defensor Carlos Beraldi, quien calificó estas medidas como “una afrenta injustificada e irrazonable a la privacidad”. Según Villar, la líder opositora debe “soportar las consecuencias” de sus actos como cualquier ciudadano, y aclaró que la expresidenta puede comunicarse telefónica o telemáticamente sin restricciones. Sobre la tobillera electrónica que la exmandataria debe llevar, el fiscal recordó que está respaldada por la ley y que no puede ser removida sin el correspondiente informe judicial, el cual aún no se produjo.
En los próximos días, la Cámara de Casación deberá resolver si confirma o modifica la actual situación de Cristina Kirchner. Mientras tanto, si se acepta el planteo de Villar, el abogado defensor deberá proponer un nuevo domicilio para el cumplimiento del arresto domiciliario, buscando minimizar los conflictos con los vecinos y preservar la seguridad de la exmandataria.
