El Gobierno nacional se prepara para dar un nuevo paso en su estrategia de recorte del Estado con la publicación inminente de un decreto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida contempla la disolución o transformación de al menos ocho organismos clave del sector agroindustrial e industrial, la eliminación de estructuras descentralizadas y el traspaso de competencias hacia áreas centrales del Poder Ejecutivo. Con esta decisión, el oficialismo busca reducir el gasto público, despedir personal y concentrar una caja que podría superar los $500.000 millones.
Entre los organismos alcanzados por el decreto figuran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, entre otros. El texto, titulado “Proyecto de Decreto Delegado – Mecon”, comenzó a circular el viernes, apenas días antes del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso, previstas para este martes. Según fuentes oficiales, los cambios responden a un “sobredimensionamiento” del sector público, basado en un crecimiento excesivo de organismos descentralizados desde 2010.
El INTA perderá su autarquía y pasará a depender directamente de la Secretaría de Agricultura como organismo desconcentrado. Esto implica que ya no tendrá patrimonio ni gestión propia, y su estructura será rediseñada: el consejo directivo se reducirá de 10 a 7 miembros, y se eliminarán las 300 agencias de extensión territorial y los 15 centros regionales. “Desaparecen las sillas de la academia, la extensión y el contacto directo con los productores. Todo se decide desde Buenos Aires”, advirtieron desde el entorno del organismo. También se rumorea un plan de retiros voluntarios para reducir su plantilla de más de 6.000 empleados.
El INTI, por su parte, será transformado en una unidad dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que implica la pérdida de su autonomía financiera y jurídica. Desde la asamblea multisectorial del organismo advierten que peligran unos 700 puestos de trabajo, y califican la medida como “la muerte del instituto”. Además, se eliminarán el INASE y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, cuyas funciones pasarán a Agricultura, mientras que el INV y el INPI perderán su autarquía y serán convertidos en entes desconcentrados.
El decreto también establece que los bienes de los organismos disueltos pasarán a ser gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Los entes modificados deberán informar el inventario de vehículos, maquinarias e inmuebles, y aquellos considerados “innecesarios” o sin uso serán transferidos a la AABE. La medida marca un punto de inflexión en la política estatal hacia el agro y la industria, y promete una fuerte resistencia de los sectores afectados: este lunes, el personal del INTI iniciará una jornada de protesta en rechazo a la reforma.
