El gobierno de Javier Milei recibió este lunes un importante respaldo judicial desde los tribunales porteños, con un fallo que involucra a uno de los líderes sindicales más influyentes del país. Carlos Acuña, uno de los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavadores de Autos (SOESGyPE), fue procesado y embargado por 8 millones de pesos. La resolución, tomada por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, revocó un fallo previo de sobreseimiento y lo consideró responsable del delito de coacción, relacionado con el bloqueo de una estación de servicio en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2021.
El caso comenzó cuando un grupo de trabajadores sindicalizados por Acuña bloqueó durante varias horas la estación de servicio Shell, ubicada en la intersección de las avenidas Jujuy y México, en el barrio de San Cristóbal. El piquete impidió que el comercio operara desde las 9:30 hasta las 16:30 horas, lo que resultó en pérdidas económicas y el caos en la estación. Aunque tales bloqueos han sido una práctica frecuente de varios gremios en el pasado, los dueños de la estación decidieron presentar una denuncia judicial, lo que llevó a un proceso judicial que ha sido maratónico. En primera instancia, en 2022, el juez había sobreseído a Acuña, argumentando que la protesta se enmarcaba dentro del derecho constitucional a la huelga y a la protesta pacífica. Sin embargo, ese fallo fue revocado en octubre del mismo año por la Cámara, que sostuvo que el bloqueo no constituyó una huelga legítima sino una coacción al ejercer una presión indebida sobre la empresa, con fines ajenos al conflicto específico con los empleados.
El Tribunal, en su última resolución, argumentó que los actos de bloqueo no solo afectaron el normal funcionamiento de la estación de servicio, sino que formaron parte de una estrategia más amplia para presionar a las autoridades de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (F.E.C.R.A.) en medio de negociaciones paritarias. Para los jueces, el bloqueo no fue una protesta legítima en el marco de un conflicto laboral, sino una maniobra coercitiva que ocasionó perjuicios económicos a la empresa, al impedir el suministro de mercaderías y paralizar la actividad comercial. En su defensa, Acuña había argumentado que no estuvo presente en el lugar durante el bloqueo, y que la medida se basó en asambleas informativas pacíficas. Sin embargo, la Cámara determinó que él, en su rol de secretario general del sindicato, fue el principal responsable de la planificación y organización de la protesta, que involucró a un considerable número de personas y causó un daño económico considerable.
Este fallo tiene implicancias importantes no solo para Acuña, sino también para otros sindicatos que han utilizado métodos similares de presión, como los de Intercargo, ATILRA y el de los camioneros de Pablo Moyano. La decisión judicial refuerza el enfoque del gobierno de Milei contra los bloqueos sindicales y se inscribe en su “batalla cultural” por frenar las prácticas que afectan a las empresas y el desarrollo económico del país. Con esta resolución, la justicia establece un precedente claro sobre los límites del ejercicio de los derechos sindicales y deja en evidencia que el abuso de estos derechos no está amparado por la ley.
