En medio de la intensa situación judicial que enfrenta Alberto Fernández en el fuero federal penal, un nuevo desafío surge desde el ámbito de la justicia de familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, ha presentado esta semana una medida para solicitar un acuerdo definitivo sobre los alimentos destinados a su hijo en común con el ex presidente, Francisco, y ha solicitado una medida cautelar para embargar la jubilación de privilegio que Fernández recibe actualmente.
La mediación extrajudicial iniciada por la defensa de Yañez busca llegar a un acuerdo sobre la manutención del niño de casi tres años. En la medida en que se avance en la negociación, la abogada de Yañez ha solicitado que se establezcan alimentos provisionales hasta que se logre un acuerdo definitivo. Además, se ha pedido que se aplique un embargo sobre la pensión de privilegio del ex mandatario, que asciende a más de $14 millones mensuales brutos.
Desde su salida de la Casa Rosada, Alberto Fernández ha comenzado a recibir una jubilación de privilegio de $14.272.997,79 brutos, equivalente a $10.000.630,64 netos. A este monto se le suma un retroactivo de $32.207.388,83, según la resolución 4643 de la ANSES emitida en marzo. Este aumento en sus ingresos ha llevado a la ex primera dama a solicitar medidas cautelares ante la situación económica que enfrenta en Madrid, donde vive con su hijo en un departamento de renta temporaria.
El contexto judicial de Fernández también está marcado por la causa penal que tramita en los tribunales de Comodoro Py, donde enfrenta imputaciones por lesiones leves y graves, abuso de poder y amenazas coactivas. El fiscal federal Ramiro González ha basado la acusación en un relato de nueve hechos que se iniciaron en 2016 en Capital Federal y continuaron hasta este año en Madrid. En esta etapa de la investigación, se están realizando declaraciones testimoniales y se están recopilando pruebas documentales. Este jueves, la madre de Fabiola Yañez se presentará para declarar en Comodoro Py, como parte de las diligencias en curso.
Mientras tanto, la situación de Fernández se complica tanto en el ámbito judicial como en el familiar, generando un escenario incierto que podría impactar significativamente en su futuro económico y legal.
