El impacto de la recesión económica y las medidas de ajuste fiscal impuestas por el gobierno nacional obligará a las provincias argentinas a realizar severos recortes presupuestarios este año. Según un informe del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, se estima que las provincias deberán reducir en un 17% la masa salarial y en un 22% los fondos destinados a obras públicas. Este ajuste es parte de un plan económico que busca controlar el déficit fiscal y promover la austeridad en las provincias.

El ajuste se detalla en el informe de avance del Presupuesto 2025, enviado recientemente al Congreso, donde se proyecta una contracción del 3,5% en la economía argentina para 2024. A pesar de este panorama, se prevé un superávit comercial de más de 21.000 millones de dólares, impulsado principalmente por una disminución de las importaciones. Sin embargo, las provincias se verán obligadas a reducir no solo los salarios en términos reales, sino también el número de empleados públicos, ya que los gastos de personal representan en promedio casi la mitad de los presupuestos provinciales, alcanzando hasta el 80% en algunas jurisdicciones.

El ajuste también afectará gravemente los fondos destinados a infraestructura, con una reducción del 22,5%. Estos recortes alcanzarán a todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también sufrirá las consecuencias de la caída en la recaudación fiscal, afectada por la recesión y la suspensión temporal del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, implementada por la administración de Sergio Massa.

Desafíos de las transferencias automáticas y no automáticas

El dinero que el gobierno nacional distribuye entre las provincias a través de transferencias automáticas, vinculadas a la coparticipación federal, está directamente afectado por el nivel de actividad económica. En el primer semestre de este año, las transferencias cayeron un 18% en términos reales, debido a la menor recaudación de impuestos. Además, las provincias deberán hacer frente a deudas en dólares, como la que enfrenta la provincia de Buenos Aires en septiembre.

Por otro lado, las transferencias no automáticas, que otorgan al Poder Ejecutivo cierta discrecionalidad en su asignación, también sufrieron importantes recortes. El gobierno de Javier Milei redujo estas transferencias en más de un 87% en términos reales, con el objetivo de promover “un cambio estructural” en el diseño fiscal y eliminar la “discrecionalidad” en la distribución de estos fondos. Esta medida afectó especialmente a provincias como Buenos Aires, que dejaron de percibir más de 873.000 millones de pesos en concepto de fortalecimiento fiscal.

Deuda previsional y veto a la ley de movilidad jubilatoria

Otro desafío importante para las provincias es el retraso en el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con aquellas que no transfirieron sus cajas jubilatorias a principios de los años ’90. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las principales acreedoras de una deuda estimada en más de 700 millones de dólares, según cálculos no oficiales de la Anses. La reciente ley de movilidad jubilatoria, vetada por el gobierno, incluía un artículo que establecía un plazo de seis meses para saldar estas obligaciones, lo que podría haber aliviado la situación financiera de las provincias acreedoras.

En este contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri, recibió recientemente 450.000 millones de pesos en concepto de coparticipación, lo que le otorga cierto alivio financiero en medio de la tormenta económica que enfrentan las demás jurisdicciones.