El Congreso inicia la primera semana del nuevo año con la configuración de comisiones encargadas de analizar la controvertida “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Enviada por el Poder Ejecutivo, esta propuesta abarca medidas que van desde privatizaciones de empresas públicas hasta cambios en el sistema electoral, reformas tributarias y restricciones a las protestas. La conformación de estas comisiones desencadenará un período extraordinario de sesiones hasta el 31 de enero.
En el Senado, la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, anunció la creación de comisiones cruciales, como Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto, y Asuntos Administrativos y Municipales. Sin embargo, la participación del Frente de Todos (FdT) en estas comisiones aún está pendiente, ya que consideran que, como la primera minoría parlamentaria, deberían tener la mayoría en cada una.
La decisión de otorgar la mayoría al no kirchnerismo en las comisiones fue respaldada por el pleno en diciembre, y ahora los legisladores de La Libertad Avanza, el radicalismo, PRO, peronismo disidente y bloques provinciales ocuparán un lugar importante. La agenda incluye discusiones sobre la Boleta Única de Papel y convenios económicos internacionales. El Senado buscará dictaminar estas cuestiones antes de sesionar entre el 10 y el 11 de enero.
En la Cámara baja, Martín Menem, presidente de Diputados, avanzará en la conformación de comisiones, entre ellas, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. La “Ley Ómnibus” propuesta por el Poder Ejecutivo consta de 664 artículos, y se espera que al menos una parte sea aprobada antes del 31 de enero.
El proyecto, oficialmente titulado “La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tiene como objetivo principal “promover la iniciativa privada” y limitar la intervención estatal. Contiene delegaciones legislativas de emergencia en diversas áreas y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarse hasta 2027. Entre sus puntos más destacados, se encuentran la privatización de empresas públicas, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y la ratificación del DNU de desregulación del Estado, generando un amplio debate en el Congreso. La conformación de estas comisiones marca el inicio de un proceso legislativo crucial que definirá el curso del país en los próximos años.
