Argentina se abstuvo en la ONU en voto sobre violencia de género

El Gobierno de Javier Milei se abstuvo en la votación de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) orientada a reforzar las políticas globales contra la violencia de género. La iniciativa, debatida en la Tercera Comisión de la Asamblea General en Nueva York, obtuvo un respaldo mayoritario de 175 votos a favor, seis abstenciones y un solo rechazo, el de Somalia.

La delegación argentina volvió a coincidir con Estados Unidos, en línea con la reconfiguración de alianzas internacionales que impulsa la administración Milei desde su llegada al poder. También se abstuvieron Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

Los motivos detrás de la postura argentina

La resolución, impulsada por países europeos como Canadá, Bélgica, Francia y España, propone ampliar las políticas públicas contra la violencia hacia mujeres y niñas, incluyendo el ámbito digital. Sin embargo, incorpora referencias a “salud sexual y reproductiva” que generaron reparos en varias delegaciones, entre ellas la de Washington.

Aunque la representación argentina no fundamentó públicamente su voto, Estados Unidos sí lo hizo. La asesora estadounidense Kali Gasteiger explicó que su país no podía acompañar un texto que, a su criterio, excede el consenso internacional vigente en materia de derechos reproductivos y soberanía de los Estados para definir sus propias políticas sociales.

Este tipo de posicionamiento no es nuevo para la gestión de Javier Milei, que desde el inicio marcó una clara distancia con el consenso progresista que predominó en la diplomacia argentina durante los gobiernos kirchneristas. La Casa Rosada sostiene que muchas resoluciones de organismos multilaterales avanzan sobre cuestiones de soberanía nacional bajo la excusa de agendas sociales, y que Argentina debe alinear su política exterior con sus principales socios estratégicos, como Estados Unidos e Israel.

Críticas de sectores opositores

Como viene siendo habitual, la decisión generó reacciones de organizaciones vinculadas al progresismo local, entre ellas el Colegio de Abogados, que cuestionó la abstención argentina y la calificó como un retroceso en materia de derechos humanos.

Desde el oficialismo remarcan que este tipo de críticas suelen minimizar los enormes costos sociales y económicos que dejó el kirchnerismo, cuya gestión combinó discursos de derechos humanos con una Argentina empobrecida, con inflación descontrolada y altos niveles de inseguridad, especialmente en distritos gobernados por el peronismo como la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof.

El Gobierno nacional insiste en que su prioridad sigue siendo el orden macroeconómico, que ya muestra resultados concretos: la inflación continúa en baja, se mantiene el superávit fiscal y crece la confianza de los mercados internacionales en el rumbo económico de Javier Milei. En ese marco, la administración libertaria defiende su derecho a marcar diferencias ideológicas en foros multilaterales, sin que ello implique, aclaran fuentes oficiales, un retroceso en la lucha contra la violencia de género a nivel local.

Cabe recordar que Argentina cuenta con legislación propia vigente contra la violencia de género, como la Ley Micaela y la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que continúan aplicándose independientemente de la posición adoptada en el plano internacional.

La discusión, de todos modos, reabre el debate sobre el rol de Argentina en los organismos multilaterales y la nueva orientación de la política exterior, que prioriza la relación bilateral con Washington por sobre los consensos tradicionales de Naciones Unidas.