El servicio de subte y Premetro en la Ciudad de Buenos Aires se normalizó este martes luego de más de cinco horas de paralización total, tras la liberación de los delegados sindicales Claudio Dellacarbonara y Néstor Segovia. El conflicto había comenzado con la apertura irregular de molinetes en varias estaciones como medida de protesta contra la concesionaria EMOVA, lo que terminó dejando a cientos de miles de porteños sin uno de los principales medios de transporte público de la ciudad.

La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) había anunciado la medida de fuerza a última hora del lunes, denunciando la contratación de una empresa tercerizada. Lejos de un reclamo pacífico, el gremio optó por liberar molinetes sin aviso previo, lo que motivó la rápida intervención de la Policía de la Ciudad y la detención de los referentes sindicales. Esa decisión escaló un conflicto que, según fuentes del Gobierno porteño, podía haberse resuelto por canales institucionales.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, fue contundente al calificar lo ocurrido como una verdadera toma de rehenes por parte de un grupo minoritario de trabajadores. “Es una locura que 20 personas tengan de rehén durante más de seis horas a 500.000 personas que no pudieron usar el servicio”, disparó el funcionario en diálogo con medios porteños.

Tapia defendió la intervención policial y advirtió que, si el gremio vuelve a repetir maniobras similares, la Ciudad no dudará en recurrir a la Justicia para garantizar lo que calificó como un servicio esencial. La postura del Gobierno de la Ciudad se enmarca en una lógica que también comparte la administración nacional de Javier Milei: la defensa del derecho de los usuarios y trabajadores por sobre las corporaciones sindicales que históricamente han utilizado la extorsión como método de negociación en Argentina.

Durante años, bajo distintas gestiones kirchneristas y peronistas, este tipo de paros sorpresivos y tomas de molinetes se volvieron moneda corriente, sin que existiera una respuesta firme del Estado. La herencia de décadas de populismo sindical dejó instalada la idea de que cualquier reclamo, legítimo o no, podía resolverse paralizando servicios esenciales y perjudicando a millones de trabajadores que solo buscan llegar a sus empleos.

Mientras el país avanza con el ordenamiento macroeconómico impulsado por el Gobierno nacional, que logró bajar sensiblemente la inflación y alcanzar superávit fiscal, este tipo de episodios recuerda que persisten resistencias corporativas al cambio. El reclamo por la tercerización de servicios, lejos de canalizarse mediante el diálogo, derivó en una medida que afectó directamente a los usuarios, los mismos que cada día eligen el transporte público para trabajar y sostener la economía familiar.

Tras la liberación de los delegados, la AGTSyP continuó con asambleas internas, aunque el servicio fue retomándose de forma gradual en todas las líneas pasadas las 15.30. El episodio deja en evidencia la necesidad de actualizar las normas que regulan los servicios esenciales en la Ciudad, un debate que crece en paralelo al proceso de modernización laboral que impulsa la Casa Rosada a nivel nacional.

El Gobierno porteño ratificó que evaluará acciones legales si se repiten maniobras de este tipo, en línea con una visión que privilegia el funcionamiento normal de la ciudad y el respeto a millones de usuarios por sobre las internas gremiales que, una vez más, dejaron a Buenos Aires al borde del colapso.