El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas más exitosas de la gestión de Javier Milei para atraer capitales a sectores estratégicos como la energía y la minería, se convirtió en un tema central del debate económico rumbo a las próximas elecciones. La discusión gira en torno a un interrogante clave: qué haría una eventual administración de otro signo político con los contratos ya firmados bajo este esquema.

El régimen, sancionado como parte de la Ley Bases, ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por hasta 30 años a los proyectos de gran escala. Desde su implementación, permitió destrabar inversiones millonarias en Vaca Muerta y otros polos productivos que durante el kirchnerismo permanecían frenadas por la inseguridad jurídica y el cepo cambiario.

La preocupación por la continuidad de las reglas de juego

Durante un análisis realizado en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, se planteó que cualquier fuerza que aspire a disputarle el poder a Milei deberá definir con claridad si respetará el RIGI “a rajatabla”. La observación no es menor: los inversores que apostaron al país necesitan certezas de que las reglas no cambiarán con cada alternancia política, algo que la Argentina kirchnerista nunca pudo garantizar.

Basta recordar la seguidilla de expropiaciones, retenciones móviles y cepos que caracterizaron a los gobiernos peronistas de las últimas dos décadas para entender por qué el mercado exige garantías. El RIGI apareció, precisamente, como la respuesta a ese historial de improvisación e intervencionismo que espantó capitales durante años.

El peronismo, otra vez sin rumbo claro

Dentro del propio Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de perfil kirchnerista, se reconoció que el RIGI estará en el centro de la discusión de campaña. La economista Aldana Denis admitió que una eventual oposición deberá definir qué postura tomará frente a los contratos vigentes, en lo que constituye una confesión implícita de que el peronismo todavía no tiene una posición unificada sobre el tema.

Esa indefinición contrasta con la claridad de objetivos que exhibe la gestión de Milei: bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y generar un marco de previsibilidad para que la inversión privada, y no el Estado, sea el motor del crecimiento. Los resultados ya son visibles en el boom de producción de Vaca Muerta, con récords de exportación de petróleo y gas que hace pocos años parecían impensados.

Mientras a nivel nacional se consolida un esquema que devolvió la confianza a los inversores, en las provincias gobernadas por dirigentes kirchneristas como Axel Kicillof la realidad es otra: presión impositiva récord, inseguridad creciente y una gestión bonaerense que sigue apostando al clientelismo antes que a las reformas estructurales que reclama la economía real.

El desafío hacia adelante, coinciden los especialistas consultados, es consolidar los proyectos ya en marcha y seguir fortaleciendo la confianza en el peso, en un contexto de recuperación del crédito y de superávit fiscal que pocos meses atrás parecía una utopía. El RIGI, en ese sentido, no es solo una ley: es la prueba de que cuando el Estado deja de ser un obstáculo, el capital vuelve a apostar por la Argentina.