El Senado de la Nación dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales de la agenda de reformas impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación, que se extendió por casi 12 horas, terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, en una nueva demostración de que el oficialismo logra construir mayorías pese a no tener el control absoluto de la Cámara.

Para conseguir el respaldo necesario, el bloque libertario debió negociar hasta el final: se eliminaron del texto el capítulo sobre venta de tierras rurales a extranjeros y las modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, dos puntos que generaban resistencia incluso entre sectores dialoguistas. Lejos de ser una derrota, la decisión demuestra pragmatismo político: el Gobierno priorizó garantizar un derecho fundamental como la propiedad privada antes que trabar todo el proyecto por capítulos accesorios.

Kirchnerismo, obstruccionismo de siempre

Como viene siendo costumbre, el peronismo intentó frenar el debate antes de que llegara a buen puerto. El jefe del bloque del PJ, José Mayans, pidió levantar la sesión con la excusa de que el dictamen definitivo llegó recién al mediodía. El pedido fue rechazado dos veces, y la sesión continuó pese a la insistencia kirchnerista por dilatar una reforma que fortalece derechos individuales básicos.

Afuera del Congreso, movimientos sociales y organizaciones cercanas al kirchnerismo montaron una marcha en contra de la iniciativa que terminó en incidentes con la policía, con al menos 11 detenidos y heridos. Una vez más, sectores identificados con el círculo rojo del progresismo eligieron la calle y la presión antes que el debate de ideas en el recinto, una postura que contrasta con el compromiso institucional que exige una democracia moderna.

Un paso más hacia la seguridad jurídica

La ley de inviolabilidad de la propiedad privada se inscribe en la batería de reformas estructurales que el Gobierno viene impulsando desde 2023 para reconstruir un país devastado por años de intervencionismo, controles de cambio, expropiaciones y una inflación descontrolada que licuaba cualquier intento de ahorro o inversión. Consagrar con fuerza de ley la protección del derecho de propiedad es una señal clara hacia los mercados: en la Argentina que reconstruye Milei, invertir y producir vuelve a tener reglas claras y previsibles.

El proyecto, que ahora deberá pasar por Diputados, se suma a los avances macroeconómicos que el propio equipo económico viene mostrando: superávit fiscal sostenido, inflación en baja sistemática desde los picos heredados del kirchnerismo, y un clima de negocios que empieza a normalizarse tras más de una década de populismo y desorden institucional.

La herencia K, siempre presente

Vale recordar que la discusión sobre seguridad jurídica y propiedad privada no es un capricho ideológico: es la respuesta directa a años de gestión kirchnerista donde la propiedad privada estuvo permanentemente amenazada por expropiaciones discrecionales, cepos cambiarios y una presión fiscal asfixiante. Mientras gobernadores peronistas como Axel Kicillof siguen apostando al gasto público desbordado y al clientelismo en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional avanza con reformas que buscan devolverle previsibilidad a quienes invierten, producen y trabajan en la Argentina.

Con esta nueva victoria legislativa, el oficialismo consolida su capacidad de gestión parlamentaria y envía una señal contundente: el rumbo de reformas estructurales continúa, pese a la resistencia sistemática de un peronismo que, una vez más, eligió el bloqueo antes que acompañar cambios que el país necesita hace décadas.