Tras el reciente anuncio de desregulación en el servicio de rampas aeroportuarias, el gobierno confirmó este domingo que extenderá esta medida al servicio de correos, permitiendo la entrada de nuevos operadores privados al mercado postal. La información fue difundida a través de redes sociales por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que esta decisión busca “más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal”. La medida, que entrará en vigencia este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial, excluye la posibilidad de privatización inmediata del Correo Argentino, aunque sí elimina su exclusividad en algunos servicios.

El decreto de desregulación fue impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la supervisión de Federico Sturzenegger. Según el comunicado oficial, “el objetivo es fomentar la transparencia, simplificación y mayor seguridad del servicio”. Además, esta reforma permitirá que los operadores postales se inscriban de forma electrónica y gratuita, con una habilitación rápida en apenas cinco días. Con estas condiciones, las nuevas empresas que ingresen al sector podrán brindar servicios como cartas documento, telegramas y giros postales, sin las barreras regulatorias que anteriormente limitaban la competencia.

La desregulación también permitirá una mayor flexibilidad operativa para los nuevos participantes del mercado. “Los operadores podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad de servicios prestados y los medios de transporte”, señaló el comunicado. Además, se habilitará el uso de respaldo digital para cartas documento y telegramas, con verificación de identidad a través de sistemas como RENAPER. Desde 2003, el Correo Argentino, una empresa con 15.000 empleados y más de 1.500 sucursales en todo el país, había mantenido el monopolio de estos servicios tras ser estatizado en el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, los costos crecientes y un déficit de $70.000 millones en 2023 llevaron a implementar fuertes ajustes en su plantilla y sucursales, con recortes de personal y cierres en el último año.

La iniciativa busca dinamizar el sector postal argentino, a la vez que alinea los servicios con una estructura de mercado más abierta.