En una sesión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada de este viernes, el bloque de la Libertad Avanza presentó propuestas para reconfigurar la lista de privatizaciones, sugiriendo la exclusión de nueve empresas estatales inicialmente destinadas a la venta según el proyecto de ley “Bases”. Este movimiento se enmarca en un esfuerzo por instaurar requisitos adicionales, involucrando al Congreso en el proceso de licitación de estas compañías públicas.

Las empresas que se mantendrían bajo control estatal, según las propuestas del bloque, abarcan instituciones estratégicas como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

Dentro del borrador que detalla estas modificaciones, el Gobierno sostiene la privatización parcial de entidades como Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. Además, se incluyen otras 27 empresas, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, medios públicos como Telam y RTA, Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM. También se busca la venta de las empresas “Construcción de Vivienda para la Armada”, “Playas Ferroviarias S.A.” y “Polo Tecnológico Constituyentes S.A.”

La propuesta introduce un nuevo capítulo que organiza las privatizaciones en tres artículos distintos, con sus respectivos anexos, diferenciando entre las ventas totales y parciales. Este enfoque tiene como objetivo evitar un rechazo generalizado de las privatizaciones de las empresas públicas.

Desde la oposición, fuentes han manifestado su interés en estudiar detenidamente estas modificaciones, destacando la mejora percibida en el sistema de control propuesto para supervisar las privatizaciones. Se destaca, en particular, la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso Nacional compuesta por seis senadores y seis diputados, que supervisará y coordinará los procesos de privatización. Este organismo será crucial para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en cada etapa del proceso.

Además, se establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) trabajarán en colaboración permanente con esta comisión. Otro artículo novedoso exige que, antes del inicio del proceso de privatización de cualquier empresa, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, presente un informe integral público sobre la entidad en cuestión, abordando aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Este informe deberá ser compartido con la Comisión Bicameral en un plazo de 15 días hábiles antes de la publicación del pliego de bases y condiciones de cada empresa.