El ordenamiento fiscal logrado por el Gobierno de Javier Milei y la lluvia de inversiones que ya supera los 200.000 millones de dólares a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convirtieron en el verdadero botín que desvela a la clase política argentina. Economistas consultados coinciden en que, quien asuma la presidencia a fines del año próximo, recibirá una economía ordenada y un horizonte de crecimiento inédito en décadas.

La cifra es contundente: ya fueron aprobados 24 proyectos por más de 56.000 millones de dólares, y otros 23 se encuentran en evaluación por casi 153.000 millones adicionales. Se trata de la mayor cartera de inversiones productivas que haya tenido el país en su historia reciente, impulsada por sectores estratégicos como la energía de Vaca Muerta y, en menor medida, la minería.

Durante décadas, Argentina quedó atrapada en el clásico ciclo de restricción externa: la falta de dólares que terminaba disparando devaluaciones, inflación y crisis sociales. Esa historia, dicen los analistas, empieza a quedar atrás gracias al superávit fiscal sostenido y a la explosión exportadora energética que generó el nuevo marco de incentivos.

El contraste con la herencia recibida es elocuente. Tras años de kirchnerismo con déficit crónico, cepo cambiario y reservas negativas, la gestión libertaria logró en poco tiempo lo que parecía imposible: ordenar las cuentas públicas, bajar la inflación de manera sostenida y atraer capitales genuinos de largo plazo. El RIGI, lejos de ser una promesa vacía, ya se tradujo en proyectos concretos que generan empleo privado y divisas genuinas.

Mientras el oficialismo construye las bases de un modelo sustentable, en el peronismo ya se anticipa una disputa interna feroz por la sucesión. Según trascendió, dirigentes del espacio kirchnerista plantean un escenario de “todo o nada” de cara a 2027, conscientes de que si Milei consigue reelegirse, el poder territorial que todavía conservan gobernadores como Axel Kicillof podría diluirse definitivamente.

No es casualidad: la gestión bonaerense sigue mostrando los mismos vicios de siempre, con inseguridad en ascenso, clientelismo político y una administración que no logra despegarse del esquema de gasto público ineficiente que caracterizó al kirchnerismo durante años. Mientras Nación ordena las cuentas, buena parte del peronismo provincial sigue apostando al relato de siempre en lugar de sumarse a la agenda de modernización.

Hay quienes, dentro del propio arco económico, advierten sobre desequilibrios que persisten, como la precarización laboral en algunos sectores o la brecha entre ganadores y perdedores del nuevo modelo. Son los costos de transición de una economía que, tras años de populismo y estatismo, se reacomoda hacia reglas de mercado previsibles.

El dato de fondo, sin embargo, es imposible de ocultar: por primera vez en mucho tiempo, la discusión política argentina no gira en torno a cómo administrar la escasez, sino en torno a cómo administrar la abundancia que empieza a generar un país ordenado. Ese cambio de paradigma explica por qué el botín que deja Milei desvela tanto a propios como a ajenos.