El diputado nacional por el peronismo entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo denuncie dos tratados bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en la Argentina. La iniciativa surge luego de que se confirmara la reanudación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

Según explicó el legislador, el regreso de esa conexión marítima —que contempla la llegada en noviembre del buque Danstar, de bandera chilena, perteneciente a la naviera Easter Island Naviera— representa una falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas. El buque abastecerá a los habitantes del archipiélago y restablecerá un servicio comercial regular con Puerto Argentino.

Qué tratados busca denunciar el proyecto

El texto presentado por Michel apunta a dos instrumentos legales vigentes entre ambos países. Por un lado, el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342. Por otro, el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, sancionado por la Ley 27.274.

Ambos acuerdos establecen topes a las retenciones que se aplican sobre dividendos, intereses y regalías que obtienen las empresas chilenas con operaciones en territorio argentino. Denunciar un tratado implica que el Estado argentino notifique formalmente su decisión de retirarse del acuerdo, sin que eso signifique una ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino.

En los fundamentos del proyecto, el diputado recordó que la Argentina mantiene un reclamo histórico de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur frente al Reino Unido, y que Londres continúa promoviendo vínculos comerciales con las islas que, a su juicio, debilitan esa posición.

Una iniciativa más simbólica que efectiva

Mientras el peronismo entrerriano busca hacer ruido político con este proyecto, cabe recordar que la política exterior de la gestión de Javier Milei viene sosteniendo con firmeza el reclamo de soberanía sobre Malvinas en los foros internacionales, sin necesidad de recurrir a gestos de confrontación comercial que terminan golpeando a inversiones productivas.

El Gobierno nacional ha priorizado una estrategia de apertura económica y previsibilidad para atraer capitales, incluidos los chilenos, en un contexto en el que la Argentina busca consolidar el ordenamiento macroeconómico logrado tras años de populismo kirchnerista. Romper tratados de inversión de manera unilateral, sin una estrategia diplomática integral, podría generar más ruido que resultados concretos en la disputa por las islas.

Vale remarcar que este tipo de proyectos legislativos, impulsados desde bancas peronistas, suelen tener más de gesto político doméstico que de impacto real en la causa Malvinas. La experiencia de la última década demostró que los relatos nacionalistas del kirchnerismo rara vez se tradujeron en avances concretos frente al Reino Unido, mientras la economía argentina se hundía en default, cepo y aislamiento internacional.

Hoy, con un rumbo económico ordenado, superávit fiscal y una inflación en baja sostenida, la Argentina recupera credibilidad internacional para sostener sus reclamos históricos desde una posición de fortaleza, y no desde la confrontación improvisada que caracterizó a gestiones anteriores.

El proyecto de Michel deberá pasar por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto, en un Congreso donde el oficialismo buscará evitar que iniciativas de este tipo compliquen la relación comercial y diplomática con Chile, uno de los socios estratégicos de la región.