Con más de 1.100 adhesiones al plan de pago propuesto en el marco del cramdown, Molinos Agro S.A. (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC) Argentina lograron superar el primer requisito clave para que la Justicia homologue su oferta en el proceso de salvataje de Vicentin, la agroexportadora santafesina que acumula casi seis años en default y una deuda que asciende a US$1.332 millones. La propuesta, que implica un desembolso inicial de US$350 millones para cancelar la deuda y otros US$300 millones orientados a reactivar y modernizar su operatoria industrial, compite directamente con la presentada por el Grupo Grassi, uno de los principales acreedores granarios. En el tramo final del proceso —que cierra este viernes a las 23:59— ambas ofertas buscan alcanzar las mayorías necesarias tanto en número de acreedores como en volumen de capital, requisito indispensable para avanzar hacia la decisión judicial.

Desde MOA y LDC confirmaron que continúan procesando “numerosas adhesiones” y que superan con holgura las 1.100 conformidades, lo que los ubica por encima del umbral del 51% exigido. “Estamos muy contentos con la receptividad, estamos avanzando a más de 100 conformidades por día, y creemos que para el viernes, que es la fecha límite, vamos a llegar bastante por arriba del 51%, que es el requerido”, afirmó Tomás Araya, abogado del Estudio Bomchil y asesor legal de LDC. A su vez, el CEO de Molinos Agro, Pablo Noceda, explicó que la oferta está estructurada en tres rangos de acreencias —hasta US$130.000, entre US$130.000 y US$400.000, y más de US$400.000— y destacó que “es una propuesta súper simple, que no requiere de entregar granos ni tampoco tiene ninguna exigencia o límites”. Sin embargo, la disputa no se limita a sumar apoyos: MOA y LDC solicitaron formalmente la exclusión de los créditos de Grassi S.A. y su controlada Commodities S.A. del cómputo de mayorías por tratarse de un supuesto de “autovoto”, algo que, según afirmaron, “está expresamente prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras”.

En paralelo, ambas compañías reclamaron al juez del concurso que aclare que la denominada “propuesta residual” del Grupo Grassi “no será aplicable (por su carácter abusivo)”. Argumentaron que el mecanismo —que asigna automáticamente a esa categoría a los acreedores que no voten por Grassi— “distorsiona la libertad de elección y vulnera el principio de equidad”. También cuestionaron que, bajo ese esquema, el 37% del capital adeudado se pagaría entre 2036 y 2037 con un interés del 1,2% anual, lo que implicaría, según señalaron, “algo muy distinto” al pago nominal del 40% que se presenta. Más allá de la puja comercial y jurídica, LDC y Molinos Agro aseguraron tener un plan industrial integral para Vicentin. Fernando Correa Urquiza, líder de Oleaginosas para Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, indicó que garantizarán la continuidad de los 1.100 empleos actuales y que incluso prevén sumar nuevos “a medida que se vaya avanzando con las inversiones requeridas”. Sobre el eventual triunfo en el cramdown, precisó: “Suponiendo que el viernes ganamos el cramdown, y luego de que el juez lo homologue, tomaríamos posesión de todos los activos, mandamos la materia prima necesaria, pagamos los salarios y así nos haríamos cargo de la operación en el corto plazo”.

Tanto Correa Urquiza como Noceda remarcaron que su intención es reactivar el potencial productivo de las plantas, hoy subutilizadas. “No es una propuesta de testeo, ni de desguace, sino que tenemos planes estratégicos para los activos de Vicentin. Las plantas están siendo subutilizadas, no solo por falta de materia prima, sino de inversión”, subrayó Correa Urquiza, destacando además la relevancia internacional del agro argentino y el interés que genera la situación de Vicentin en mercados como Europa, Asia y Brasil. Noceda detalló que la firma cuenta con tres plantas de crushing —Renova, San Lorenzo y Ricardone— y anticipó que alcanzaron un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda para la continuidad operativa del “Nodo Norte”, del cual dependen 232 trabajadores. De esta manera, mientras avanza el conteo final de adhesiones, la definición judicial del salvataje de una de las principales agroexportadoras del país entra en su tramo decisivo.