El contundente triunfo oficialista en las elecciones legislativas reactivó con velocidad las negociaciones para avanzar en una serie de reformas estructurales que el Gobierno busca instalar en el Congreso antes de fin de año. Con la renovada correlación de fuerzas parlamentarias, la Casa Rosada prepara proyectos de ley que implican cambios profundos en la legislación laboral y tributaria, apoyándose en los lineamientos ya trabajados en el Consejo de Mayo, el espacio creado para ordenar los diez compromisos del Pacto de Mayo firmado por el presidente Javier Milei y los gobernadores en 2024. Allí confluyen referentes del sector empresario y sindical, como Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con funcionarios clave —entre ellos Federico Sturzenegger— y legisladores nacionales. Según fuentes del propio Consejo, la discusión técnica de los ejes laborales “está en un 75 u 80% consensuada”, aunque en los gremios anticipan una resistencia marcada a varios puntos centrales del proyecto.
El Gobierno busca modificar de raíz el sistema de negociaciones paritarias, los convenios colectivos de trabajo, el régimen de indemnizaciones por despido y los mecanismos de incrementos salariales. Uno de los cambios más sensibles es la posibilidad de que la negociación paritaria pase a priorizarse por empresa por encima del convenio colectivo de actividad. Hoy existen acuerdos salariales particulares, pero jurídicamente sólo pueden mejorar las condiciones del convenio. La propuesta impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, contempla habilitar diferencias según tamaño empresarial o ubicación geográfica, algo que los sindicatos observan con preocupación. En paralelo, el Ejecutivo insiste en la necesidad de reducir la litigiosidad laboral y sostiene que una mayor flexibilidad podría favorecer aumentos reales: según cifras oficiales, entre 2017 y 2025 los salarios de convenio cayeron un 20%, mientras que la masa salarial general retrocedió un 10%, lo que para el Gobierno demuestra que fuera de convenio hubo un desempeño salarial relativamente mejor.
El debate también incluye reclamos empresariales de larga data, como el fin de la “ultraactividad”, el principio que mantiene vigentes los convenios colectivos hasta que exista un acuerdo expreso para modificarlos. Para los sindicatos, su eliminación implicaría una pérdida de garantías históricas. Además, el Gobierno propone el concepto de “salario dinámico”, un esquema para que las empresas puedan otorgar aumentos individuales por productividad según criterios que aún no fueron detallados. Cordero ya anticipó este punto a los empresarios, que lo ven como una herramienta para incorporar variables de desempeño en negociaciones de convenio. A esto se suma un capítulo clave: el debate sobre las indemnizaciones por despido y la posibilidad de avanzar hacia “fondos de cese laboral” similares al modelo utilizado en la construcción. Aunque la idea ya estuvo sobre la mesa en ocasiones anteriores y no prosperó, Sturzenegger volvió a reclamar que el sector privado formule propuestas concretas para modernizar el régimen.
Mientras continúan las conversaciones internas, en el Gobierno aseguran que el resultado final de las discusiones del Consejo de Mayo estará listo en diciembre y que los proyectos serán enviados al Congreso apenas asuma la nueva composición legislativa. Funcionarios insisten en que “no habrá nada fuera de lo conversado en la mesa”, en un intento por mostrar previsibilidad y reforzar el compromiso de diálogo con empresarios y sindicatos, aunque el debate público promete tensiones profundas en los próximos meses.
